La coordinación y el trabajo en conjunto debieran ser puntales en la gestión pública, en especial si por delante está el bienestar de la comunidad. En este caso hay que referirse al Gobierno central, al Municipio de Quito y a la Prefectura de Pichincha.
La situación que viven los habitantes de Guayllabamba y de otras poblaciones del norte del Distrito así lo exige. Estamos a días de cumplir un mes desde que hubo el sismo de 5,1 grados en la escala de Richter y todas las secuelas que dejó en la conexión terrestre con Quito y Sierra Centro.
Independientemente, estas tres instancias de Gobierno tomaron acciones. El Municipio habló de transporte y regulaciones en el tránsito en las vías que son de su competencia. La Prefectura ejecuta acciones para mejorar el tránsito en vías alternas a la Panamericana y el Gobierno optó, principalmente, por el despliegue de funcionarios para reactivar la actividad comercial en Guayllabamba.
Por buenas que sean las intenciones, no son acciones integrales, pensando que todavía queda un mes para que llegue una solución parcial (la apertura con horario, y por un carril, del tránsito por el tramo de la Panamericana Norte, afectado por los deslizamientos de tierra) y 14 meses de una solución integral (ampliación de un tramo de la calzada y estabilización de los taludes). Incluso, el Presidente de la República planteó la construcción de una vía nueva.
Tomar decisiones en conjunto incidirá en mejorar la situación de los habitantes de Guayllabamba, Malchinguí, Puéllaro, San José de Minas, Chavezpamba y Tabacundo.
Lo que ocurrió con el inicio de clases en Quito que no generó grandes complicaciones en el tránsito es un ejemplo. Para esto se decidió ingreso escalonado, cambio en el horario de entrada de los funcionarios públicos (Gobierno), controles de tránsito, incremento de buses expresos (Municipio).
Queda tiempo, no mucho, para tomar decisiones en las tres instancias estatales.