12 de febrero de 2020  00:00

Operativos de control migratorio se inician en Guayaquil

Comerciantes venezolanos venden comida en los exteriores de una parada de bus en Quito. Foto: Armado Prado / EL COMERCIO

Comerciantes venezolanos venden comida en los exteriores de una parada de bus en Quito. Foto: Armado Prado / EL COMERCIO

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Diego Puente
y Jefferson Díaz
Redactores (I)

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Los controles migratorios comenzarán en esta semana en Guayaquil. Stalin Gallegos, jefe de la policía de Migración de la Zona 8, confirmó que los detalles de la coordinación para los operativos se revisaron el pasado viernes 7 de febrero de 2020.

“Hemos identificado algunas zonas en la Av. 9 de Octubre y el Distrito Modelo donde empezaremos”, dijo Gallegos. El oficial adelantó que serán similares a los ya ejecutados en Quito; es decir, se hará una revisión de documentos a los ciudadanos, y si se encuentran en situación irregular, se les informará que tienen 30 días para salir del país.

Andrew Castro, presidente de la fundación Mueve, que presta apoyo a venezolanos en el puerto principal, pide a sus compatriotas que en los próximos días salgan con cuidado a la calle y que “lleven sus documentos a la mano para evitar inconvenientes con la Policía”.

Castro comenta que desde hace meses no ven operativos de migración en las calles de Guayaquil. Hasta antes del crimen de la quiteña Mariana Granja, la Policía y los agentes municipales se limitaban a pedir a los vendedores informales, “que en su mayoría son venezolanos, que no se pusieran en las plazas o semáforos”.

El anuncio de los controles en Guayaquil preocupa a los migrantes. Ronald Borges, trabajador del refugio que mantiene la fundación Hogar de Cristo, comenta que los extranjeros han pensado incluso en irse de la ciudad. “Vimos que por redes sociales rodó un panfleto que pide limpiar a la ciudad de delincuentes y venezolanos”, contó.

El proceso de regularización a venezolanos


En Quito, los operativos no han cesado desde el 1 de febrero, tras el asesinato de Granja a manos de un extranjero que fue detenido y enfrenta un proceso judicial. Un operativo de control se realizó el viernes último en el sector de La Mariscal, en Quito. La Intendencia de Policía clausuró dos locales en donde había trabajadores extranjeros que no presentaron documentos. Esa noche, Migración notificó a otros 20 foráneos por no portar identificación o no registrar la entrada a Ecuador. Además de estas medidas, hay dos tipos de sanciones como la multa económica y la notificación de salida del país (ver infografía).

Hace dos semanas, personal de Migración hizo un control a Diana, otra venezolana. Ella atiende en una panadería ubicada en el norte de la capital. Recuerda que agentes ingresaron al negocio y le pidieron sus documentos, pero no tenía. Le advirtieron que a fin de mes regresarían para verificar que ya no estuviesen trabajando ahí. “Tomaron fotos a la panadería”, señaló. Ahora, piensa en cambiarse a otro sitio para trabajar y seguir en el país.

Juan Carlos, de Falcón, accede a contar su historia con la condición de que sea cerca de su casa, en Barrio Nuevo, en el sur. Dice que debe ser cauteloso. Recibió una multa de USD 400, por realizar actividades económicas distintas a las autorizadas en su visa.

Recuerda que el 4 de febrero salió a trabajar a las 09:00 en el sector del Seminario Mayor. Ahí vendía artículos para celulares junto con cinco compatriotas. Una hora y media después llegaron cinco policías en motos y personal de Migración. Cuando los agentes los rodearon, fueron obligaron a entregar sus datos personales.

El hombre de 31 años expuso a los agentes que está en proceso de regularización para acceder a una visa humanitaria, pero eso no importó. Igual recibió la multa. A fin de mes desocupará el cuarto en el que vive para retornar a su país.

En Quito, los controles migratorios se intensificaron a partir del asesinato de Mariana Granja, ocurrido el sábado 1 de febrero. El principal sospechoso es un venezolano de 19 años.

El lunes pasado, Gloria, que vino hace tres años desde el Estado de Zulia, sintió miedo cuando vio a policías en el sector de Chiriyacu, en Quito. “Corrí, pensé que eran los de Migración”, contó mientras servía un plato de chaulafán a comensales. Trabaja cerca de una parada de buses, en el sur.

Esta mujer de 50 años tiene la cita para que le otorguen la visa en marzo y seguirá trabajando sin documentos porque necesita pagar un arriendo y mantener a su hija, que va a la escuela.

Otros tres comerciantes que también venden alimentos en la zona pidieron al Gobierno parar con estos operativos hasta que se cumpla el plazo para la regularización, que finaliza el próximo el 31 de marzo.

Desde la Fundación de Venezolanos en el Exterior advierten que no solo se hacen controles en el espacio público, sino que ahora los agentes ingresan a locales comerciales, sin tener una orden judicial y clausuran los centros. Para su presidente, Eduardo Febres Cordero, estas acciones “generarán una ola de despidos”.

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