8 de octubre de 2018 00:00

La operación de 14 sistemas hídricos depende del Estado

El trasvase Daule-Vinces actualmente abarca el 43% de la cobertura proyectada. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El trasvase Daule-Vinces actualmente abarca el 43% de la cobertura proyectada. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 3
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 0
Redacción Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Proveen 5,45 hectómetros cúbicos de agua al día, equivalentes a 2 180 piscinas olímpicas. Pero el presupuesto para mantener su infraestructura no fluye con esa abundancia.

Empresa Pública del Agua (EPA), creada en abril del 2014, administra 14 sistemas hídricos de competencia del Gobierno, entre ellos seis megaobras del régimen anterior. Son 438 km de canales e infraestructura para riego, control de inundaciones y multipropósitos, que demandan cerca de USD 50 millones al año para mantenimiento; el 2018 se calcularon USD 44,7 millones.

El Estado cubre ese monto, porque actualmente la EPA solo recauda USD 3 millones de 131 000 usuarios de un sistema, el trasvase Daule-Santa Elena.

La pro forma del 2018 es de USD 75 millones (11,5 millones para gasto corriente y el resto para inversión). Pero en el 2015, poco después de empezar a funcionar, la firma ejecutó USD 157 millones.

En ese tiempo la firma estatal estaba dirigida por Carlos Bernal, quien es investigado por la Fiscalía por presuntos enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de activos.

La dirección financiera de la EPA aclara que los presupuestos iniciales fueron más elevados debido a que en sus inicios absorbió parte de la gestión de la ahora desaparecida Secretaría Nacional del Agua (Senagua). La entidad explica que “al momento de la creación fueron transferidas obligaciones contractuales de obras, servicios y personal de Senagua”.

Por ahora la empresa tiene un plan de optimización. Henry Cáceres, gerente desde junio pasado, explica que para hacer autosustentable a la firma se levantarán modelos de gestión por cada sistema y se cobrará a los usuarios por mantenimiento y operación.

“Los costos de construcción de estos sistemas no se los puede trasladar a la gente, porque son muy elevados (por ejemplo, las seis megaobras del Gobierno pasado costaron USD 1 233 millones); pero sí el mantenimiento y la operación”.

Según Cáceres, estos modelos darán una radiografía real de los valores de mantenimiento correctivo, preventivo y operación. También se hará un catastro o mapeo de usuarios por producción y hectáreas. Según las proyecciones, los sistemas a cargo de la EPA abarcarían 1 824 965 beneficiarios (entre agricultores, plantas potabilizadoras y mitigación de inundaciones en poblados) y 573 034,43 hectáreas de cultivos en 11 provincias.

Kléber Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura de la II Zona -que abarca 50 centros agrícolas en cinco provincias-, coincide en que es necesaria la autogestión para mantener los sistemas. Pero aclara que los costos deben concordar con la realidad del usuario.

Actualmente, quienes captan agua directamente de ríos pagan USD 1 por hectárea al año. Quienes están agremiados en juntas y manejan pequeñas infraestructuras hídricas cancelan entre USD 10 y 30 por hectárea al año. “Esos rangos son razonables. Valores superiores serían prohibitivos”.

Cáceres puntualiza que habrá tarifas diferenciadas: agricultura familiar, mediana y agricultura a gran escala.

Para el catastro y el levantamiento de los modelos, que se prevé estén listos en diciembre, la EPA concretó una alianza estratégica con el grupo español Aguas de Valencia. “El sistema nos permitirá saber el consumo y el costo por cada proyecto, como una planilla de luz o la de teléfono”. Con esto se calcula una recaudación de USD 60 millones al año.

El catastro será notificado al actual Ministerio del Ambiente y Aguas, el cual será el ente rector, parte del directorio de la EPA y encargado de emitir políticas para su manejo eficiente, según la Secretaría General de la Presidencia.

Mientras la empresa busca ser autosustentable también tendrá que revertir los cuestionamientos a la eficiencia de sus sistemas. El Daule-Vinces (Dauvin), un canal de 30,82 km que trasvasa agua entre los ríos Daule (Guayas) y Vinces (Los Ríos), fue proyectado para cubrir 170 000 hectáreas de cultivos, pero solo abarca el 43%.

Cáceres asegura que este y el resto de sistemas serán más eficientes en la medida que los GAD inviertan en canales secundarios y terciarios, para ampliar su impacto. Pero esto en la práctica está lejos para la Dirección de Riego y Dragas de la Prefectura del Guayas.

Su director, Nicanor Moscoso, explica que un proyecto de la magnitud de Dauvin desborda su presupuesto. Cada año reciben cerca de USD 5 millones para manejar los sistemas de riego de la provincia. “Más de 200 000 hectáreas se cultivan en Guayas y con ese monto tenemos que dar atención a todos los sistemas que tenemos”.

Claro Quinto dirige la Junta de Riego Junquillal de Daule (Guayas), con 150 socios. Aunque sus tierras están en el área proyectada de influencia del Dauvin aún se abastecen con pozos. “El proyecto quedó inconcluso. Están las compuertas en el canal principal, pero no hicieron el canal que llegue a nuestras tierras”.

En Dauvin, la eficiencia no es la única observación. Fue ejecutada por la constructora bra­sileña Odebrecht, envuelta en una trama de corrupción y sobornos. El contrato por el trasvase fue firmado en abril del 2012 por Senagua y presupuestado en USD 191 millones. El costo final fue de USD 320 millones, 67% más. La Contraloría detectó que los incrementos no fueron sustentados.

Cáceres explica que en agosto creó una Dirección de Auditoría Interna, conformada por funcionarios de la Contraloría. Por ese filtro pasarán todas las obras y megaobras, contratos y adquisiciones de la firma.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (1)
No (0)