Dos opciones para enfrentar a Chevron

Redacción NegociosEl Estado trabaja en dos frentes para defenderse de la sentencia del Tribunal Arbitral con sede en La Haya que determinó el pago de  USD 698,6 millones en  favor de la compañía petrolera  Chevron.El  fallo le dio la razón a la compañía en seis demandas que planteó contra el Ecuador desde 1991 y que las cortes nacionales no resolvieron hasta el 2006.   Como primer paso, los abogados de la Procuraduría pedirán la nulidad  de la sentencia ante las cortes de los Países Bajos.Ello debido a que  el Tribunal  fue constituido bajo la administración de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.De acuerdo con las reglas Uncitral marco jurídico que rigió el arbitraje las leyes de la sede del país que administró el proceso, serán el ámbito legal que tendrán control posterior al laudo.Bajo esta premisa, la petición de nulidad del proceso arbitral deberá llevarse a la cortes del país sede, es decir,  los Países Bajos.Tres elementos  sostendrán la argumentación de la nulidad. El primero se refiere  a que la base jurídica de la sentencia  en favor de Chevron fue insuficiente.El Tribunal Arbitral determinó que la lentitud en el trámite de los juicios de la petrolera violó el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones  entre Ecuador y Estados Unidos. Y ello motivó el fallo a favor de la petrolera. Según la Procuraduría, en derecho internacional solo existe la figura de Denegación de Justicia que no corresponde a lo determinado en la sentencia. Un  segundo argumento  es que el Tribunal erró su fallo al no tomar en cuenta  las sentencias de las cortes ecuatorianas en las demandas de Chevron luego del inicio del arbitraje en el  2006.Finalmente, el Estado argumentará que se aplicó el régimen tributario  a las demandas de Chevron para determinar el monto de indemnización.En este último punto se basa el Plan B de la defensa del país.Es decir, de no aceptarse la nulidad, el Estado argumentará ante el Tribunal que en la fijación  de la  indemnización a Chevron no se consideró que en las décadas de los  70 y 80 las petroleras  debían tributar el 87,3% de cada barril que producían.Bajo este argumento, el monto de indemnización bajaría  de USD 698,6 millones a menos de USD 90 millones.

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