La Acnudh acusa además al Gobierno venezolano de ejercer una “política de represión” para “acabar con el disenso político e infundir temor en la población para frenar las manifestaciones”. Foto: EFE
La mayoría de las muertes ocurridas durante las protestas contra el Gobierno de Venezuela pueden atribuirse a las fuerzas de seguridad o a grupos armados vinculados al presidente Nicolás Maduro, concluye la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) en un informe presentado hoy, 30 de agosto de 2017, en Ginebra.
La Acnudh acusa además al Gobierno venezolano de ejercer una “política de represión” para “acabar con el disenso político e infundir temor en la población para frenar las manifestaciones“, que el país enfrenta desde el pasado mes de abril, cuando Maduro dio los primeros pasos para consolidar su poder y debilitar al Parlamento controlado por la oposición.
El informe, que comprende el periodo del 1 de abril al 31 de julio, se basa en entrevistas con víctimas y familiares, testigos y otros actores de la sociedad civil por un equipo de expertos que tuvo que trabajar a distancia ante la negativa de acceso al país por parte del Gobierno, explica la organización.
Tras analizar esa información, el organismo atribuye 73 de las 124 muertes que investigaba hasta finales de julio el Ministerio Público a las fuerzas de seguridad de Maduro (46) y a grupos armados que apoyan al Gobierno, conocidos como colectivos (27).
Los responsables de las 51 muertes restantes no se pudieron determinar por el momento.Entre los fallecidos se encuentran también nueve miembros de las fuerzas de seguridad, señala el Gobierno. En otros incidentes, los manifestantes antigubernamentales mataron a al menos cuatro personas, señalan los investigadores de la ONU.
Por ello, recomiendan también a los partidos de oposición que condenen todo acto de violencia. “El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el informe, que pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que es miembro Venezuela, que estudie la posibilidad de adoptar medidas para prevenir que empeore la situación.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se mostró preocupado por el riesgo de que se agrave la situación en el país, ante las tensiones políticas y la crisis económica y social. Pese a contar con las mayores reservas de crudo, Venezuela sufre inflación y escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
Además, Estados Unidos impuso la semana pasada sanciones financieras contra el país que afectarán a sus bonos de deuda y a la compañía petrolera estatal Pdvsa. Venezuela está inmersa en una grave crisis política desde que a finales de marzo Maduro intentara a través del Tribunal Supremo de Justicia restar y limitar funciones al Parlamento controlado por la oposición.
Le siguieron nuevas medidas que tuvieron su punto álgido con la convocatoria de elecciones para una Asamblea Constituyente el pasado 30 de julio y su posterior instauración, que desataron una oleada de protestas que continúa en el país.