18 de febrero de 2020 18:59

ONU-DH condena uso de la fuerza contra padres de las víctimas de Ayotzinapa en Chiapas

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Tuxtla, en el estado de Guerrero (México). Foto: EFE

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Tuxtla, en el estado de Guerrero (México). Foto: EFE

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Agencia EFE

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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó este martes 18 de febrero del 2020 el uso desproporcionado de la fuerza contra padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes y defensores de DD.HH., por parte de policías del estado mexicano de Chiapas, el pasado domingo.

Ese día por la mañana, los padres de los 43 estudiantes llegaron a Tuxtla Gutiérrez como parte de la caravana que llevan a cabo por estados del sur de México y fueron recibidos por estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes a manera de protesta bloquearon una vía en el norte de la ciudad y ante esta acción los policías estatales los desalojaron por la fuerza con resultado de 5 personas heridas, dos de ellas de gravedad.

Mediante un comunicado, ONU-DH indicó que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía estatal "comenzó con el lanzamiento de gases a muy corta distancia de las personas manifestantes, lo que provocó distintas lesiones en varias personas".

Señaló que entres las personas lesionadas algunas requirieron atención médica y una de ellas, el estudiante Juan Antonio Flores García "se encuentra en estado grave y según información de las autoridades presenta un trauma craneoencefálico grado III", entre otras lesiones.

ONU-DH señaló que la actuación policial desarrollada en Tuxtla Gutiérrez "muestra la necesidad de garantizar la regulación efectiva y precisa de la acción policial en manifestaciones y la supervisión de su actuación", incluyendo tanto a los agentes participantes como a los responsables de la planeación, preparación y ejecución de los operativos.

Además, dijo que "debe garantizarse que las personas participantes en los operativos desplegados con motivo de protestas sociales cuenten con el entrenamiento y capacidades para el desarrollo de sus funciones con apego a los estándares internacionales de derechos humanos", incluyendo la prevención y reducción de la violencia y el correcto uso de las denominadas “armas menos letales".

La agencia también recordó que la obligación de todas las autoridades es "garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica de conformidad con los estándares internacionales en la materia". Además de que "la protección de las personas debe constituir el objetivo central de la actuación de las autoridades en relación con las protestas sociales en línea con lo establecido en la legislación mexicana".

La ONU-DH expuso que las protestas pacíficas resultan "fundamentales" para el ejercicio y la defensa de derechos humanos, para una democracia plural y funcional y para la exigencia de rendición de cuentas de las autoridades, en especial para las personas y sectores más vulnerados de la sociedad.

En este sentido, la ONU-DH llama a las autoridades a garantizar el pleno respeto a la protesta pacífica, cualquiera que sea el motivo de la misma, incluidos los feminicidios y otros actos de violencia en contra de las mujeres, las exigencias estudiantiles, las demandas de personas migrantes o de víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre otros.

Ante los nulos avances por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, familiares de las víctimas decidieron organizar una caravana por diversos estados mexicanos como parte de visitas programadas a escuelas normales rurales del país.

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