28 de septiembre de 2019 18:11

ONG preocupada por violencia en control de protestas en frontera de Ecuador

Protestas en la provincia del Carchi. Foto: Javier Montalvo / EL COMERCIO.

Protestas en la provincia del Carchi. Foto: Javier Montalvo / EL COMERCIO.

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Agencia EFE

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La Fundación de derechos humanos Inredh de Ecuador expresó este sábado 28 de septiembre del 2019, su preocupación por eventuales actos violentos y el despliegue de militares y policías en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, para tratar de controlar las protestas sociales que se han producido esta semana.

El Inredh, en un comunicado difundido en redes sociales, recordó a las instituciones estatales que "las personas manifestantes tienen derecho a expresarse libremente, lo que implica emitir sus opiniones de crítica frente a las políticas y autoridades".

Asimismo, añadió que los grupos sociales que protestan contra el Gobierno gozan del "derecho a reunirse pacíficamente con la finalidad de hacer oír sus demandas y malestares en el uso legítimo de su derecho constitucional a la resistencia".

Por ello, el Estado debe "garantizar estos derechos y no usar cualquier medio violento o ilegítimo que coarte la libertad de estas personas", añadió Inredh, una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos más importantes de Ecuador.

La fundación recordó que la normativa interna precisa que, "en el caso de producirse enfrentamientos, es deber de las autoridades policiales que consideren siempre los estándares del uso progresivo de la fuerza, con la finalidad de evitar lesiones a la integridad y vida de las y los manifestantes".

Además, remarcó que "el Estado es responsable por las actuaciones de sus agentes de seguridad por cualquier atentado a la vida e integridad, detenciones arbitrarias y/o ilegales, entre otras vulneraciones de derechos que pudieren cometer".

Inredh también dijo estar preocupada de que el Ejecutivo haya iniciado procesos para criminalizar la protesta social, especialmente contra dirigentes de estudiantes y defensores de derechos de la provincia.

Añadió que, según el prefecto de la provincia de Carchi, Guillermo Herrera, quince personas fueron detenidas entre el miércoles y el jueves por presuntos desórdenes públicos, entre ellas una menor edad, aunque seis de ellas ya fueron liberadas.

También recordó que, según la normativa interna, "el uso de agentes militares debe estar reservado únicamente para asuntos que puedan comprometer la soberanía nacional sobre amenazas de orden exterior".

"Como organización de derechos humanos estamos alerta, que en los puntos de coexistencia de los manifestantes no se produzcan enfrentamientos por parte de las fuerzas públicas que den pie a la vulneración de derechos", agrega el texto de Inredh.

Asimismo, hizo un llamamiento "al diálogo pacífico" entre las partes y exhortó al Gobierno a "escuchar a los ciudadanos para que los procesos de manifestaciones acaben lo más pronto posible y no se llegue a conflictos insolubles".

Las autoridades civiles y las organizaciones sociales de Carchi exigen al Gobierno un mayor compromiso con esa jurisdicción para acometer obras de infraestructuras y mejorar la situación de vida de la población.

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