3 de febrero de 2021 17:22

Una oleada de secuestros en Colombia evidencia la fragilidad de la paz

Disidentes de las FARC entregaron al soldado colombiano Ever Andrey Castro a la comisión humanitaria tras su secuestro el pasado 4 de enero del 2021 en la región del Catatumbo. Foto: EFE

Disidentes de las FARC entregaron al soldado colombiano Ever Andrey Castro a la comisión humanitaria tras su secuestro el pasado 4 de enero del 2021 en la región del Catatumbo. Foto: EFE / Defensoría Del Pueblo

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Agencia EFE

Los secuestros de cuatro personas, dos de ellas con nacionalidad extranjera, en dos zonas de Colombia muestran que este delito, aunque ha disminuido tras la firma del acuerdo de paz, sigue siendo una realidad en el país y evidencia la fragilidad de dicho acuerdo, según aseguraron este miércoles 3 de febrero del 2021 los expertos.

Dos militares fueron secuestrados el martes 2 de febrero en una zona rural de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y ese mismo día autoridades locales también confirmaron la "retención" desde el sábado 30 de enero de dos personas con ciudadanía colombo-italiana y colombo-canadiense por un grupo armado en el municipio de Páez, en el departamento de Cauca (suroeste), de las cuales se desconoce el paradero.

Estas dos últimas personas, cuyas identidades aún se desconocen, trabajaban en el comercio de fruta y se dirigían al cercano municipio de Inzá para hacer un análisis de mercado, según indicó a Efe el alcalde de Páez, Arbey Velasco.

El alcalde explicó que "hasta ahora ningún grupo armado se ha atribuido el hecho" pero indicó que en la zona actúa la disidencia de las FARC "Dagoberto Ramos", a la que se le atribuyen ataques y extorsiones contra la población de esta zona, que es mayoritariamente indígena.

El Ejército atribuye también a otra disidencia de las FARC el secuestro en el corregimiento de Guamalito, que hace parte del municipio de El Carmen, en el Catatumbo, de los militares Jesús Alberto Muñoz Segovia y Yonny Andrés Castillo Ospino, que se encargaban de recoger víveres para sus compañeros.

2020 cerró con seis personas secuestradas

Según cifras oficiales, Colombia cerró el 2020 con seis personas secuestradas y tuvo el número más bajo desde que se lleva el registro, con 88 casos, cuatro menos que en 2019.

Durante el conflicto armado, la cifra de secuestrados llegó a los 31 021, entre ellos 1 214 militares y policías, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

No obstante, la situación actual es preocupante en regiones como el Catatumbo, que hace parte de Norte de Santander, el Cauca y Arauca (también fronterizo con Venezuela), donde ocurren la mayoría de los incidentes, en medio de los diversos conflictos en los que se enfrentan grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales por el dominio territorial.

El director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo (Cerac), Jorge Restrepo, explicó hoy a Efe que el Cauca, por ejemplo, "es una zona de disputa entre muchos grupos armados organizados", pese a que allí se lograron los más rápidos beneficios del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

"Es la región que concentra el mayor número de masacres; es el departamento del país que experimenta uno de los crecimientos más rápidos de cultivos de uso ilícito, en particular de coca y de marihuana, y es una de las zonas del país que tiene el mayor número de disputas entre esos grupos", añadió.

La fragilidad de la paz

Restrepo señaló que estos secuestros son "pinchazos" a una "bomba (globo) bien inflada de paz" y dejan en evidencia "la fragilidad de una paz sostenible" en Colombia.

"Estoy muy preocupado pero diría que estos son unos pinchazos que hay que buscar neutralizar muy rápidamente por parte de la acción de la Justicia y de la fuerza pública a los grupos responsables de estos casos", manifestó el experto, que es además profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Restrepo también señaló la necesidad de que se entienda que lo que ocurre en el Catatumbo es muy diferente a lo que sucede en el Cauca, por lo que las políticas del Gobierno para atender las amenazas debe ser "localizada y diferenciada".

"Eso es lo que no tenemos en este momento en la política de seguridad en Colombia, una respuesta localizada y diferenciada", dijo y precisó que esas medidas deben ser distintas para las regiones más afectadas que además del Cauca, el Catatumbo y Arauca, son el Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico nariñense.

Últimos secuestros

De los 88 secuestros que se produjeron el año pasado, en tres casos las víctimas fueron ciudadanos extranjeros.

El pasado diciembre un grupo no identificado secuestró durante dos días al español Jesús Antonio Quintana, director para las Américas en la Alianza de Bioversity International y del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), cuando viajaba en su vehículo entre el Cauca y el vecino departamento del Huila.

También en Cauca, en la zona de Corinto, el pasado 16 de marzo supuestos integrantes de las disidencias Dagoberto Ramos secuestraron a Daniel Max Guggenheim, de nacionalidad suiza, y al brasileño José Iban Albuquerque, quienes estuvieron en cautiverio en una vivienda de ese municipio durante más de tres meses.

Mientras se conocían los últimos secuestros, de los dos extranjeros y los dos militares, otro soldado que estaba en poder de las disidencias del Frente 33 de la antigua guerrilla de las FARC fue dejado en libertad y entregado en el Catatumbo a una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Esta es la primera liberación que facilitamos en 2021, esperamos a lo largo del año seguir contando con el respeto y la confianza de todos los actores armados para continuar trabajando por las víctimas del conflicto y la violencia armada", afirmó el jefe de la subdelegación del CICR en Bucaramanga, Nicolás Lenssens.

El soldado Ever Andrey Castro fue valorado médicamente por el CICR y luego entregado al Ejército en una base militar del municipio de Tibú, que hace parte del Catatumbo.

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