21 de mayo de 2018 00:00

Oficinas especializadas contra el crimen están listas, pero vacías

La cámara de Gesell evita que los afectados se expongan a su victimario. Fotos: Patricio Terán / EL COMERCIO

La cámara de Gesell evita que los afectados se expongan a su victimario. Fotos: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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Tiene 2 000 metros cuadrados. Cuenta con 22 cámaras de seguridad de alta definición, puertas que se abren solo con la huella dactilar, láminas de protección en los vidrios y un plan trazado para que unos 20 policías de cuerpos élite se encarguen de la seguridad.

Así está organizado el edificio de seis pisos, en donde desde el 14 de mayo debía funcionar la Unidad Judicial Especializada en Delincuencia Organizada. Su ubicación: el norte de Quito. Todo estaba listo, pero una controversia entre la Judicatura, que promueve la creación, y la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, que la critica, dejó en suspenso la fecha de la inauguración.

Sus pasillos lucen vacíos. Personal de limpieza recorre las seis salas de audiencia en busca de polvo o manchas de la pintura blanca que cubre las paredes. Hay silencio y una mezcla de olores de cemento de contacto, detergente y tíñer.

El inicio de las actividades depende de la Corte Constitucional. Los jueces deben avalar jurídicamente este proyecto, que surgió tras los ataques terroristas en la frontera norte.

Esos hechos derivaron en una decena de juicios que están en manos de jueces que laboran en poblados fronterizos.

EL COMERCIO entrevistó a los jueces que manejan estos expedientes. Ellos actualmente cuentan con protección permanente. Su perfil es de alto riesgo y, según Inteligencia de la Policía, pueden ser blanco de retaliaciones.

Los juristas dicen sentirse afectados con la suspensión de la Unidad Especializada. “Acá todos nos conocen, saben dónde vivimos, quiénes son nuestros familiares. Apenas somos dos jueces penales en un cantón”, cuenta uno de ellos.

Pese a que estos juristas ya han manejado casos contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, los expedientes que en estos días han llegado en sus despachos les han presionado más, pues tienen relación con el Frente Óliver Sinisterra, señalado por plagios y asesinatos de ecuatorianos.

“A veces voy a dormir a mi casa. Otras veces me quedo donde amigos, familiares u hoteles. No podemos tener una vida normal”, cuenta uno de los jueces.

Otro recuerda que en las últimas semanas se despierta por las madrugadas y revisa desde su ventana lo que pasa en la calle. La otra noche vio un carro negro estacionado. “No volví a dormir. Hubo que revisarlo”.

El jurista asegura que siente temor cuando ve a los usuarios del juzgado en donde trabaja portando mochilas.

A diferencia de la Unidad Especializada, en donde se aplicará un protocolo de seguridad para visitantes, a las oficinas de judiciales de frontera acuden tanto los familiares de personas procesadas por dosis de droga, por robos de celulares o riña en la calle, como abogados de las redes ilegales o de detenidos por cualquier circunstancia.

Para minimizar los riesgos, las oficinas judiciales fronterizas ya se encuentran reforzadas. Pero la Judicatura dice que no se puede militarizar los edificios cada vez que hay una causa relacionada con terrorismo o crimen organizado.

Actualmente, para las audiencias en las poblaciones se despliega un contingente de policías armados, se traslada a los fiscales o jueces en caravanas e incluso se lleva a los fiscales de Quito en helicóptero, y las sesiones son reservadas.

Otra razón para instalar la Unidad Especializada en Quito, en la que debían trabajar siete jueces, es evitar los traslados del personal y reducir el riesgo que eso implica.

En la capital funciona la Fiscalía de Lucha Contra el Crimen Organizado. Los 12 agentes que trabajan allí y su equipo de apoyo (24 secretarios y ayudantes) tenían previsto mudarse al edificio en donde debía operar la nueva Unidad.

En ese lugar además se instaló una cámara de Gesell, que se utiliza para grabar las declaraciones de testigos protegidos o identificar a sospechosos sin necesidad de poner a las víctimas frente a sus agresores.

Hay un área para el personal que hará el análisis de los perfiles de los visitantes. Las audiencias serán públicas, pero el ingreso estará permitido únicamente para las partes.

Hay equipos para controlar el porte de armas y artefactos explosivos. No se permitirá la entrada de celulares y los usuarios serán vigilados por cámaras. Los trabajos comenzaron el 13 de abril y en menos de un mes todo quedó listo.

Lo que se hizo fue readecuar la oficina judicial de lo Laboral que funcionaba allí. Se reubicó el inmobiliario, se instalaron paredes falsas y se definieron espacios para cada tarea.

Información del Consejo de la Judicatura señala que el trabajo de readecuación de las oficinas únicamente costó USD 13 000.

Los jueces de la frontera piden que las oficinas de Quito se abran cuanto antes. Uno de ellos contó cómo su esposa recibió una llamada telefónica y le preguntaron ¿dónde quiere que le deje el cadáver del jurista? Advierten que este tipo de situaciones les afecta, aunque haya agentes que les proporcionen seguridad.

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