Legisladores oficialistas comunicaron sus resoluciones en una rueda de prensa, el 5 de junio. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO
Dos pedidos de juicios políticos se tramitan simultáneamente en la Asamblea Nacional, desde el lunes 5 de junio del 2017. Ambos apuntan al contralor Carlos Pólit.
Las reacciones son producto de la denuncia que la fiscal general subrogante, Thania Moreno, hizo en contra del funcionario, por supuesta concusión (exigir contribuciones, sueldos o gratificaciones ilegales abusando de su cargo).
Los bloques legislativos oficialistas, integrados por 74 asambleístas, iniciaron el primer proceso. Señalan a Pólit por supuestamente haber incumplido con sus funciones.
Mientras que el segundo pedido lo impulsa la bancada opositora Creo-SUMA (32 curules). La causal que proponen es la implicación de Pólit en las investigaciones que la Fiscalía realiza, luego de que allanaran su vivienda en Guayaquil, en medio de un operativo por el caso Odebrecht.
La solicitud de un juicio político debe presentarse acompañada de 35 firmas de respaldo, de pruebas documentales recabadas en el momento de la denuncia y del anuncio de resto de pruebas que se utilizarán.
Los procesos deberán pasar por la Presidencia de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la Comisión de Fiscalización. En un máximo de 40 días podrá llegar al Pleno, para que con al menos 70 votos se pueda destituir y censurar al funcionario.
Actualmente, las bancadas están recolectando firmas y reuniendo pruebas. Se espera que “en los próximos días” se oficialicen las solicitudes.
Además, el oficialismo y Creo-SUMA hicieron otros pedidos en el marco del escándalo de corrupción por la supuesta entrega de coimas de la constructora Odebrecht en Ecuador y las primeras siete detenciones relacionadas.
Los asambleístas de Alianza País plantean convocar a Carlos Baca, fiscal general. También quieren conformar una comisión multipartidista (cuatro legisladores de AP, uno del PSC y uno de Creo-SUMA) para que viaje a Brasil y a Estados Unidos y recabe información sobre el caso. Finalmente, quieren expulsar de manera definitiva a Odebrecht del país.
Mientras que Creo-SUMA plantea la comparecencia del vicepresidente, Jorge Glas, a quien señala como “el responsable, al menos político, por la falta de cumplimiento de los deberes de supervisión y control de los recursos”.
También piden que se convoque a la Asamblea a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), para que declaren acerca de la designación del Contralor y demás autoridades de control.
Wilma Andrade, legisladora por la Izquierda Democrática, solicitó que se llame a consulta popular para la destitución y convocatoria a nuevos concursos de las autoridades, en especial para la Contraloría General del Estado.
Pólit fue designado para su tercer período como Contralor en febrero, luego de obtener 95 sobre 100 puntos en el concurso de méritos. Superó con 32,5 puntos al segundo postulante mejor calificado.
La postulación de Pólit solo tuvo una impugnación, que fue descartada por falta de argumentos, según Rosa Vélez, de la comisión ciudadana del Cpccs, a cargo del concurso.
“Puedo dar fe de que el nombramiento fue transparente”, dijo y aseguró que la alta calificación de Pólit se dio por su experiencia en el sector público.
La alianza de oposición también solicitó a la Contraloría la información sobre el supuesto proceso en el que se habría vinculado a Baca con indicios de responsabilidad penal.
La solicitud se hizo a raíz de que el abogado de Pólit, Hernán Ulloa, dijera el viernes 2 de junio que la investigación en contra de su defendido sería una represalia del Fiscal debido a los supuestos hallazgos de la Contraloría.
Hasta el lunes Pólit continuaba en Miami, Estados Unidos.El funcionario viajó a ese país por una licencia médica. Este Diario consultó a la Contraloría cuando terminaría el permiso, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo confirmó que el contralor subrogante, Pablo Celi, asumió las funciones de despacho. El proceso contra Pólit aún debe formalizarse en la Corte Nacional, pues por su cargo goza de fuero.