10 de abril de 2019 13:48

Criterios divididos en oficialismo sobre futuro del Cpccs

Una imagen general de la Asamblea Nacional. Foto: Flickr/ Asamblea

Una imagen general de la Asamblea Nacional. En el oficialismo y sus aliados hay división de criterios sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Foto: Flickr/ Asamblea

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Roger Velez

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En el oficialismo y sus aliados hay división de criterios sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a un mes de que asuman sus siete integrantes electos en las urnas el pasado 24 de marzo.

Ximena Peña, coordinadora de Alianza País (AP), expresó su desacuerdo con que se pretenda quitar las atribuciones que tiene el ente para designar a las autoridades de los organismos de control y que eso regrese al Parlamento.

“Si es que es necesario seguir trabajando en la despolitización del Consejo de Participación hagámoslo, pero no me parece a mí que la respuesta sea que vuelva nuevamente esto a la Asamblea Nacional, que es una instancia eminentemente política y que nosotros como asambleístas sabemos cómo se toman algunas decisiones aquí”, enfatizó.

Su postura difiere con el proyecto de enmienda a la Carga Magna que impulsa la presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas (AP), quien considera que “es fundamental que la Asamblea, como primera Función del Estado, asuma la competencia de la designación de autoridades, a través de procesos democráticos y transparentes”.

La socialista Silvia Salgado, quien forma parte de los asambleístas aliados del oficialismo, también pone reparos. “¿Cuál es la intención? Y si esta intención es verdadera de arribar a algo, habría que empezar replanteándose el mecanismo”, sostuvo.

Peña plantea “un mecanismo híbrido” para que la designación de autoridades no se concentre en una sola función del Estado. Su propuesta consiste en que el Cpccs realice concursos con veedurías para escoger termas que luego deberán ser tramitadas por la Asamblea.

El grupo de asambleístas separados de AP y que son afines al expresidente, Rafael Correa, en cambio, reta a que se convoque a una Asamblea Constituyente y sostiene que las atribuciones del Consejo no pueden ser modificadas con una enmienda o reforma.

El debate arrancó el 2 de abril pasado en el Pleno de la Asamblea, cuando Héctor Muñoz, asambleísta de SUMA presentó una propuesta de reforma constitucional para limitar las funciones del CPCCS.

“El Consejo es un ente artificial, creado por el correísmo para poner en los órganos de control a los amigos y de esa manera encubrir y solapar la terrible corrupción”, sostuvo el asambleísta Guillermo Celi, directivo de SUMA.

La segunda jornada se cumplió ayer, 9 de abril, donde los correístas y partidos de oposición volvieron a confrontarse. La discusión se retomará la próxima semana, aunque la presidenta Cabezas comentó que el debate no será corto.

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