28 de September de 2009 00:00

Las ofertas de la Constitución todavía no se cristalizan

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Redacción Política

El Estado hará efectivo el derecho a la seguridad social. Esta promesa incluye, entre otros sectores, a las amas de casa.

Este es solo uno de los innumerables enunciados declarativos que, sobre los derechos de las personas, constan en la Constitución, redactada por la Asamblea Constituyente y que fue aprobada hace un año en referéndum.

La Carta Política dispone, para su aplicabilidad, la aprobación de leyes, al menos unas 70, a cargo del organismo legislativo. Sin embargo, sus enunciados aún no se han aplicado.

La Constituyente impuso un plazo al Legislativo para que expida las leyes que se requieren para la estructuración del nuevo ordenamiento jurídico, económico y político del país; y luego se dedique a aprobar aquellas leyes que se refieren a la seguridad social, el empleo, la salud, educación...

Pero ese plazo, de 360 días, que se cumplirá el 14 de octubre, parece que ha resultado corto para la Asamblea Nacional.

De las 19 leyes señaladas en la Disposición Transitoria Primera, solo ocho están vigentes. Se refieren a la regulación de la participación ciudadana, la Función Legislativa, soberanía alimentaria, Ley Electoral, Ley de la Función Judicial, de Control Constitucional, de Seguridad Pública.

Las otras leyes prioritarias, como la de Aguas, Comunicación, Educación Superior... serán aprobadas hasta mediados de febrero próximo, por lo que las normas de interés social seguirán postergadas. Aunque, hay una excepción. En estos días se debate la Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas, Trabajador Autónomo y Microempresario, que entre otras cosas, obliga su afiliación al IESS.

Pero, el oficialismo e incluso la oposición sostienen que un año es insuficiente para dictar las leyes que obliga la Constitución.

La asambleísta María Paula Romo, de la bancada oficialista, reconoce que la Asamblea no ha logrado todo lo que se busca en gratuidad de servicios básicos, la seguridad social para las amas de casa y una serie de derechos que son de aplicación progresiva...”.

Sin embargo, advierte que la Constitución “no se ejecuta ni se pone en práctica en un año... necesitará años, probablemente décadas para llegar a ponerse en práctica en su totalidad”.

El asambleísta Vicente Taiano, del Prian, recuerda que la Carta Política anterior que duró diez años no pudo aterrizar totalmente, es decir, no dictó las leyes para aplicar sus normas y mandatos. De ahí que, también, cree que la aplicación de las normas constitucionales llevará mucho tiempo.

Pero cuando hay voluntad política, según el jurista Rafael Oyarte, sí se puede acelerar la aprobación de las leyes prioritarias o necesarias para cumplir con la expectativa de la gente.

En efecto, el organismo legislativo, durante el funcionamiento del ‘Congresillo’, entre octubre de 2008 y julio pasado, aprobó al menos 32 leyes, ninguna de ellas relacionadas con el plazo del 14 de octubre. El Legislativo transitorio, más bien, priorizó leyes para apuntalar el modelo económico del Régimen de la revolución ciudadana. Entre ellas, las reformas a las leyes de Régimen Tributario Interno y de Equidad Tributaria; Ley de creación de la Red de Seguridad Financiera; reformas a la Ley de Régimen Monetario...

Por dedicarse a aprobar leyes económicas, dice la asambleísta Cynthia Viteri, del PSC, el oficialismo dejó de lado la elaboración de las leyes que beneficien directamente a los diferentes sectores de la población.

El oficialismo no solo priorizó las leyes económicas y financieras y tributarias, sino también la agenda política para asegurar el control de los organismos del Estado, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Constitucional, la Función Electoral...

Pablo Lucio Paredes, economista y ex asambleísta constituyente, advirtió en diciembre de 2007, durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, que para el régimen de Rafael Correa la aprobación de leyes económicas y no de carácter social era “mucho más importante que la Constitución en sí, que pasaría a un plano secundario”.

Esa premonición parece cumplirse casi dos años después. El presidente Rafael Correa continúa enviando al Legislativo proyectos de ley de carácter económico y de ámbito político, como la propuesta de Reforma Tributaria, para recaudar impuestos, y la ley para otorgar inmunidad a los miembros de la Comisión de la Verdad, que investigue casos de violación de derechos humanos entre 1984 y 1988.

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