El 16 de febrero pasado, fiscales generales de 11 países se reunieron en Brasil para conocer los avances en la investigación contra Odebrecht. Foto: Fiscalía Ecuador
El 1 de junio del 2017 se acerca y Brasil acapara la atención de las autoridades judiciales de la Región. Para ese día, ese país prometió levantar el sigilo judicial que existe sobre los expedientes penales del caso Odebrecht.
En el caso ecuatoriano, la Fiscalía confirmó que un equipo especial designado por el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, mantiene una reunión para analizar este tema.
Sin embargo, internamente conocen que el sigilo se levantará únicamente a nivel judicial. Es decir, solo fiscales y jueces accederán a las confesiones que entregaron los 78 directivos de Odebrecht.
En esas delaciones se detallan montos y nombres de personas sobornadas en la Región. En esa lista estarían ciudadanos ecuatorianos, según la Procuraduría de Brasil.
El resto de ciudadanos no podrá revisar esos expedientes, a menos que el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, solicite a la Corte Suprema de Justicia la liberación de los datos al público, y este organismo, a su vez, lo apruebe. Hasta el momento eso no se ha dado.
Lo mismo sucede en Perú. El Comercio de Lima también publicó que los datos no serán abiertos a la población. Rodrigo Cruz, quien realizó esa investigación, confirmó que esa información la entregó el fiscal brasileño Orlando Martello, uno de los agentes que rastrea a la constructora.
¿Qué pasará en Ecuador si Brasil no aprueba la liberación completa de los expedientes? Si aquello ocurre, en la Fiscalía señalan que los documentos se harían públicos únicamente cuando superen la fase de indagación reservada.
Según el Código Penal (art. 585), en los delitos sancionados hasta con cinco años de cárcel, la investigación reservada puede extenderse máximo un año. Y en los que son penados con más de cinco años toma no más de 24 meses.
Según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. en Ecuador la constructora brasileña pagó sobornos por 33,5 millones a funcionarios del Gobierno, desde el 2007.
República Dominicana fue uno de los primeros países en recibir toda la información, pero no de la justicia brasileña, sino de Odebrecht, pues se llegó a un acuerdo con esa firma. El procurador de esa nación, Jean Alain Rodríguez, advirtió que hará pública la información recibida la semana pasada.
Allí constan testimonios y pruebas documentales relacionados con las operaciones ilícitas de la firma brasileña.
Esa apertura se da, sobre todo, por la presión de la ciudadanía, que en los últimos días ha salido a las calles para protestar contra la corrupción.
“Cualquier dominicano con acceso a Internet podrá ver los documentos. En los próximos días escanearemos cada uno para colgarlos en línea”, prometió Rodríguez.
En febrero, fiscales de 11 países de la Región, incluido Ecuador, se reunieron en Brasilia para coordinar la investigación. Precisamente, en esa cita, Brasil anunció que los datos se mantendrán en reserva hasta el 1 de junio.
En la reunión, la Procuraduría de ese país dijo que tiene “varios requerimientos de cooperación internacional” de fiscales de la región.
Ecuador, por ejemplo, hizo ese requerimiento en enero pasado, pero la entrega de los expedientes a los fiscales de cada país se hará de acuerdo al orden que llegaron las solicitudes. No se conoce cuando será el turno de Ecuador.
Dos equipos rastrean la ruta de corrupción de Odebrecht en el país. Uno está a cargo del fiscal Baca, que vigilará lo que pase en Brasil.
Otro está en manos de la fiscal subrogante, Tania Moreno, que indagará el contrato con el Metro de Quito y Odebrecht.