El exministro de Industria de República Dominicana, Temístocles Montás (centro), asistió ayer a una audiencia. Foto: Agencia EFE
La investigación regional del caso Odebrecht revela nuevos datos. En el caso de República Dominicana, los 10 procesados (ocho en la cárcel y dos con arresto domiciliario) pidieron a la Suprema Corte que les suspenda la prisión con el argumento de que no existe peligro de fuga ni evidencia concreta en su contra.
La cámara penal de la Suprema Corte abrió la audiencia para debatir caso por caso esas apelaciones, entre ellas la presentada por Temístocles Montás, quien fungía como ministro de Industria y Comercio al momento de su arresto. Esa revisión continuó el pasado sábado 8 de julio de 2017.
Entre los acusados también figuran legisladores, empresarios y exfuncionarios, aunque todos han negado su participación en la distribución de los sobornos y exigen su libertad provisional, por considerarse inocentes de las acusaciones.
Los arrestos en ese país se produjeron en mayo, luego de que sus autoridades llegaran a un acuerdo con Odebrecht y accediera a todos los datos relacionados con los sobornos.
En tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas argentina (PIA) presentó un recurso extraordinario contra el sobreseimiento del jefe de Inteligencia de ese país, Gustavo Arribas, investigado por el caso Odebrecht.
Según informaron fuentes jurídicas, el titular de esa unidad fiscal, Sergio Rodríguez, presentó un recurso contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal -máximo tribunal penal del país- que había declarado inadmisible otro recurso de casación interpuesto por la misma Procuraduría.
Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), llegó a ser investigado por supuestamente haber recibido sobornos de un operador financiero de la constructora condenado por su implicación en la trama de Lava Jato.
Sin embargo, el 23 de junio, la dejó en firme el auto del juez federal Rodolfo Canicoba del pasado marzo que sobreseía a Arribas y desestimó por “inadmisible” el primer recurso de la PIA.
Esa Cámara consideró que el supuesto delito que se indagaba ocurrió en 2013, cuando el titular de la AFI no era funcionario público y que, por tanto, la Procuraduría no estaba habilitada para intervenir en el tema.
En tanto, el Ministerio del Interior de Argentina oficializó la suspensión por un año de Odebrecht del Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas. Eso es parte de todas las diligencias practicadas.
A los 10 detenidos de República Dominicana se suman otros cuatro en Colombia, tres en Argentina, siete en Perú, dos en Panamá, etc.
El caso en Ecuador
En el país también hay 10 arrestados, desde el pasado 21 de abril. En ese grupo está Ricardo Rivera. Su defensa dice que las responsabilidades que la Fiscalía imputó inicialmente en contra de su cliente “se están extinguiendo”.
En ese sentido, la jurista Ivonne Núñez, manifestó que no se ha podido probar que Rivera haya recibido USD 8 millones en efectivo y USD 5 millones en cheques.
Además, la abogada negó que los vehículos y las joyas incautadas durante los allanamientos sean de su propiedad.
Por eso, reitera que el miércoles de la próxima semana pedirá la revocatoria de las medidas cautelares que pesan en contra del procesado.
“A él lo que le encontraron son USD 40 000 en efectivo. Una parte de ese dinero pertenece a la caja chica de Tv Satelital”, explicó la jurista Núñez.
Dentro de este caso también habrá diligencia en Quito. Para la próxima semana está previsto que los agentes de la Fiscalía tomen las versiones de por lo menos 11 personas.