En la fotografía aparece la denominada Terminal La Troncal, que forma parte del Poliducto Pascuales-Cuenca. Foto: Archivo/EL COMERCIO
El documento fue legalizado el 2 de octubre del 2013, en la Notaría Vigésima Sexta de Quito. Allí comparecieron Marco Calvopiña, como gerente general de Petroecuador, y Ramiro Carrillo, entonces jefe de Transporte y Almacenamiento de la estatal petrolera.
Ante el notario, Calvopiña le entregó un poder especial a Carrillo, para que él adjudicara y suscribiera el contrato del Poliducto Pascuales-Cuenca.
Hoy, esa obra es observada por la Fiscalía. Una copia del contrato fue incluida en el expediente que esa entidad abrió para rastrear posibles pagos de sobornos de Odebrecht a funcionarios ecuatorianos.
EL COMERCIO revisó el proceso de licitación de ese
proyecto y detectó que Odebrecht obtuvo la calificación más alta (100/100), frente a otras tres empresas que participaron en el concurso (Consorcio PPC, ICC-Conkor y Sinopec). De hecho, solo la firma brasileña pasó a la segunda etapa de evaluación, la relacionada con la oferta económica. Esta fase tenía una calificación de 40 puntos.
Las otras tres compañías fueron excluidas en la primera etapa, en la que se examinó la oferta técnica, por 60 puntos.
Por eso, por unanimidad, la Comisión Técnica -que fue creada por Carrillo para analizar las ofertas- concluyó que Odebrecht era la empresa más conveniente para levantar el Poliducto Pascuales-Cuenca, por seis aspectos: experiencia técnica general en construcción, experiencia técnica específica, metodología y plan de ejecución del proyecto, participación nacional, solvencia financiera y oferta económica.
Tras examinar a las cuatro compañías, el 5 de septiembre del 2013, la Comisión Técnica envió un informe a Carrillo, en el que recomendaba la adjudicación del proyecto a Odebrecht “por considerar que su oferta tiene el menor costo”.
El documento lo suscribieron los tres integrantes de ese cuerpo colegiado, su secretaria, un delegado del director financiero de Petroecuador, otro de la Procuraduría de la petrolera y un asesor técnico.
Así, el 17 de octubre del 2013, Carrillo firmó en Guayaquil el contrato con Odebrecht para iniciar la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca. Por la constructora brasileña suscribieron Mauricio Grossi y Claudemir Simoes Dos Passos.
El proceso de licitación refiere que el contrato entre Petroecuador y Odebrecht se firmó por USD 369,9 millones. De ese rubro, USD 62,2 millones se utilizaron para el suministro de equipos y materiales de importación, y los otros USD 307,7 millones, en la ejecución de la obra y suministro local.
Carrillo permanece con arresto domiciliario desde el sábado 1 de julio de 2017, tras ser detenido en Quito. Las investigaciones de la Fiscalía advierten que él supuestamente recibió USD 202 000 de Odebrecht por la adjudicación del contrato.
Su abogado, Alfredo Campaña, ha restado veracidad a la tesis de la Fiscalía y ha dicho que se deberán demostrar esos supuestos pagos ilícitos.
¿Por qué Calvopiña entregó un poder especial a Carrillo para la adjudicación y suscripción del contrato? La Fiscalía tiene previsto rastrear este tema mañana, a partir de las 10:00. La fiscal Diana Salazar, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, lo citó para que rindiera su versión libre y sin juramento sobre estos hechos.
La investigadora pidió al Ministerio de Justicia que tomase “las debidas seguridades” para que Calvopiña compareciera a la hora indicada.
El exgerente de Petroecuador permanece detenido desde noviembre del año pasado, como parte de la investigación por actos de corrupción detectados en Petroecuador. El exfuncionario es procesado por delincuencia organizada.
Pablo Encalada, abogado de Calvopiña, señaló ayer, 5 de julio, que sí se presentarán en la Fiscalía. Y aclaró que su cliente no entregó el poder a Carrillo por “lavarse las manos”, sino que fue una decisión del Directorio de Petroecuador. Dijo que todo el proceso precontractual y contractual pasó por la gerencia de Transporte y Almacenamiento de la entidad y que Calvopiña no tuvo “ninguna participación” en la adjudicación del contrato a Odebrecht.
Los documentos revisados también refieren que la Comisión Técnica elaboró un informe ampliado. Allí se indica que inicialmente el proceso de licitación arrancó con un monto referencial de USD 272,3 millones, propuesto por la estatal petrolera.
Sin embargo, esa Comisión sostuvo que tras los análisis respectivos pueden concluir que el monto de USD 369,9 millones planteado por la constructora “está dentro de los parámetros aceptables”.
En contexto
La Fiscalía investiga cinco contratos adjudicados a Odebrecht, entre el 2011 y el 2015. Se trata de los proyectos Poliducto Pascuales-Cuenca, la Hidroeléctrica Manduriacu, el Acueducto La Esperanza, el Trasvase Daule-Vinces y la Refinería del Pacífico.