4 de agosto de 2019 00:00

La obsesión de 'refundar el país'

En abril del 2005, el movimiento denominado ‘Los forajidos’ terminó con el gobierno de Lucio Gutiérrez. Su vicepresidente, Alfredo Palacio, asumió el poder.

En abril del 2005, el movimiento denominado ‘Los forajidos’ terminó con el gobierno de Lucio Gutiérrez. Su vicepresidente, Alfredo Palacio, asumió el poder. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Enrique Ayala Mora
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Cuando en 1979 se dio la transición de la dictadura al régimen constitucional, el ascenso del reformismo que robusteció la presencia estatal en la economía se estaba agotando, y avanzaban propuestas privatistas de reducir el Estado y aplicar medidas de ajuste para superar la recesión. Se levantó el movimiento social liderado por el FUT. Luego, ya en los noventa, los indígenas irrumpieron en la escena. Además de reivindicar sus derechos, articularon la resistencia al neoliberalismo.

Decenas de miles de ecuatorianos migraron a Norteamérica y Europa. En esas circunstancias, se inició una etapa de vigencia del régimen de derecho con algunos avances de la democracia y un recurrente intento de “refundar el país”.

Del auge a la crisis (1979-2000)

Jaime Roldós inició en 1979 un gobierno de iniciativas progresistas y autonomía internacional, que lo enfrentó a su partido, CFP, y a su jefe, Asaad Bucaram. Ante un incidente fronterizo con el Perú en 1981, Roldós logró un consenso nacional, pero se vio obligado a tomar duras medidas económicas.

El 24 de mayo de 1981 murió Roldós en un accidente aéreo junto a su esposa y su comitiva. Le sucedió el vicepresidente Osvaldo Hurtado, que dio mayor organización y coherencia al gobierno con un moderado reformismo, limitado por la crisis económica y las medidas que afectaban a las mayorías, cediendo a presiones de las élites y del Fondo Monetario Internacional. La protesta liderada por el FUT hizo tambalear al régimen, pero logró mantenerse.

La oposición de derecha ganó la elección de 1994 con León Febres Cordero, que tomó medidas de corte neoliberal y enfrentó a las demás funciones del Estado y a la oposición. Se denunciaron hechos de corrupción gubernamental y violaciones a los derechos humanos. En marzo de 1987 un terremoto dañó el oleoducto y suspendió la exportación petrolera. El Gobierno se deterioró y su intento de mantenerse en el poder por años no prosperó.

En las elecciones de 1988 triunfó Rodrigo Borja, que mantuvo las políticas de ajuste “gradualista”. La deuda externa se incrementó y se dieron grandes alzas del costo de la vida. El Gobierno logró romper el aislamiento internacional del país, respetó la libertad de expresión y los derechos humanos, y realizó programas como la alfabetización y una reforma fiscal. Borja priorizó la búsqueda de un acuerdo en el diferendo con Perú.

En 1992 triunfó Sixto Durán Ballén, que propició la modernización y reducción del estado, y aplicación de políticas de ajuste, eliminación de subsidios y elevación de precios. En enero de 1995 el Perú atacó destacamentos ecuatorianos en la Amazonía. El país reaccionó con unidad y madurez y el presidente Durán Ballén fue firme. Luego de semanas de enfrentamientos se suscribió un acuerdo de paz. El Gobierno no pudo evitar la renuncia y abandono del país del vicepresidente Alberto Dahik.

En 1996 triunfó Abdalá Bucaram, quien agudizó los conflictos regionales, exageró su estilo informal y arbitrario; enfrentó a sectores empresariales, laborales, indígenas y medios, que lo acusaron de corrupción. En febrero de 1997, la protesta lo separó del poder. El Congreso nombró presidente interino a Fabián Alarcón quien, ratificado por una consulta popular, gobernó hasta agosto de 1998, en medio de la crisis fiscal

En 1997, una Asamblea Nacional hizo una reforma integral de la Constitución de corte privatista en la relación Estado-economía y reconoció la diversidad del país, los derechos indígenas, de las mujeres, niños y otros. Pero esa Constitución no duró mucho.

En 1998 triunfó Jamil Mahuad. Firmó la paz con Perú, que ratificó la frontera y sentó bases para el comercio, la navegación y la integración fronteriza. Pero dejó crecer los conflictos y protegió a los banqueros que financiaron su campaña. Decretó un feriado bancario, afectando a cientos de miles de personas. Frente al descontrol económico y la hiperinflación, decretó la “dolarización” de la economía. Los mandos militares, con apoyo de la movilización indígena, lo depusieron en enero de 2000.

De la crisis al auge (2000-2017)

Se hizo cargo del mando el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, quien propuso una política de apaciguamiento. Mantuvo la dolarización, se esforzó por bajar la inflación y realizó reformas presupuestarias y fiscales restrictivas, planteadas por el Fondo. Promovió varias negociaciones petroleras y la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

En 2002 ganó el coronel Lucio Gutiérrez, líder del golpe de enero de 2000. Se identificó con las políticas norteamericanas y apoyó al Plan Colombia. Aplicó políticas clientelares, en pocos meses se alió a los socialcristianos y rompió con sus aliados de izquierda. A fines de 2004, enfrentó a Febres Cordero y su mayoría parlamentaria favorable a Bucaram cesó a la Corte Suprema. En abril de 2005, un alzamiento de Quito empujó a las Fuerzas Armadas a desconocerlo y al Congreso a destituirlo. Fue reemplazado por el vicepresidente Alfredo Palacio, quien llevó adelante un gobierno débil, que no pudo cumplir su oferta de reforma política y de “refundar el país”. Pero realizó arreglos petroleros que reivindicaron para el Ecuador el control de sus recursos naturales. Su política frente al conflicto colombiano fue firme.

El presidente Rafael Correa y Fernando Cordero, titular de la Asamblea Constituyente, en la sesión de clausura.  Montecristi, 25 de julio del 2008.

El presidente Rafael Correa y Fernando Cordero, titular de la Asamblea Constituyente, en la sesión de clausura. Montecristi, 25 de julio del 2008. Foto: Archivo EL COMERCIO


En 2006 triunfó Rafael Correa, con la oferta de combatir al neoliberalismo y reformas radicales. Cerró el Congreso y convocó una Asamblea Constituyente que dictó una nueva Constitución, extensa y contradictoria, que amplió los derechos, garantías y el ámbito del Estado, pero promovió el autoritarismo y el control de todos los poderes por el Ejecutivo.

El 2009 Correa fue reelecto con amplio margen. Impulsó reformas modernizadoras, amplió el sector público y enfrentó a grupos de poder tradicionales. Invirtió en obras públicas, salud y educación. Pero su reforma educativa fue antidemocrática y antinacional. La autonomía universitaria fue atropellada. La inversión social se centró en proyectos clientelares. Correa violó la libertad de expresión y la de organización de trabajadores y sectores populares. La resistencia popular fue reprimida con la criminalización de la protesta social, numerosos atropellos y varios muertos.

En 2013, Correa fue reelegido. Consolidó el autoritarismo y la alianza con los monopolios y el capital extranjero, sobre todo chino. Orquestó la corrupción desde las altas esferas e impidió la fiscalización. La visita del papa Francisco al Ecuador en julio de 2015 redujo tensiones. En abril de 2017, un terremoto asoló a la Costa, sobre todo Manabí. El país reaccionó con solidaridad, pero el Gobierno aprovechó para tomar fuertes medidas y elevar impuestos.

Correa realizó obras públicas, pero a base de corrupción. Concentró el poder en su persona y atropelló a la sociedad y sus organizaciones. Alentó el extractivismo y el atropello de la naturaleza, el excesivo crecimiento del Estado, el despilfarro de recursos y el endeudamiento público. El correísmo administró el país en la década de mayores ingresos públicos de su historia y lo dejó sobreendeudado, en medio de una crisis de grandes proporciones. No hizo una revolución ni refundó el país.

La institucionalización

En 2017, triunfó Lenín Moreno, quien rompió de entrada con su antecesor. Planteó una política de apertura y combate a la corrupción, que se reveló en sus grandes dimensiones. El vicepresidente de la República, Jorge Glas, brazo derecho de Correa, fue procesado y destituido por corrupción y negociados. El Presidente convocó a la una consulta popular que ganó ampliamente. Un Consejo de Participación Ciudadana transitorio inició la tarea de institucionalizar el país.

Correa y su colaboradores se vieron obligados a responder por corrupción y abusos de poder. Una vez más se habla de “refundar” el país, pero la opción es enfrentar con firmeza la institucionalización del Ecuador con reformas que desmantelen el autoritarismo, el monopolio del poder y la estructura correísta que propició y encubrió la corrupción.

*Político, historiador, exrector y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.

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