10 de August de 2009 00:00

OBSERVACIONES de DENTALES PABLO HERMAN S.A.

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En la publicación ‘Militante de País recibió un contrato’, del miércoles 29 de julio, podría decirse que estamos ante una información tendenciosa. Esto lo manifiesto en razón de que con un breve análisis de contenido se puede advertir que se pretende desprestigiar a la empresa  Dentales Pablo Herman S.A., persona jurídica; y a Manuel Quijo Villamarín como persona natural, que ostento el cargo de Gerente, por lo que le envío este manifiesto bajo el siguiente sustento:

En la página 4 hay un supuesto análisis de nuestra oferta de 5 000 sillas de ruedas; la deducción apresurada (incluso prejuiciada) que realizan, en cuanto a que se adjudicó a la oferta más cara y que no cumple tres especificaciones técnicas y que el suscrito es militante de País y omiten intencionalmente los datos técnicos proporcionados que sobrepasan los estándares técnicos mundiales de calidad ISO-CE y FDA y no ilustran las bondades adicionales de los productos cotizados, dando credibilidad a los criterios de un mal perdedor, para que el lector pueda tener elementos comparativos de las mismas, aparte de que omiten intencionalmente en el reportaje, la entrevista que al efecto le concedí al Sr. Geovanny Tipanluisa con las sillas en cuestión, en que se constató que en efecto sí cumplen con el 100% de las especificaciones técnicas, a quien se le expresó que aquellas sillas de ruedas tienen varios valores agregados que superan a todas las ofertas y que a no dudarlo redundan en beneficio de los usuarios, como efectivamente así lo es, y que en el reportaje no aparecen, por lo que dejan flotando en el ambiente la idea de que se adjudicó a la oferta más cara sin cumplir las especificaciones técnicas en los productos adquiridos y una especie de padrinazgo en el caso de que Dentales Pablo Herman S.A. y el suscrito se beneficiaron del contrato por ser militante de País. La Ley de Contratación Pública no contempla que un militante de un movimiento o partido político  esté prohibido de realizar actos de comercio con el Estado. De ser así, demando que los señores reporteros expliquen las prohibiciones.

Los señores periodistas omiten varios hechos personales que les manifesté en la entrevista, como el hecho de haber sido entrevistado por otros medios de comunicación y en la que se resaltaron varios puntos de personalidad empresarial y que evidencia que soy una persona con parámetros morales, éticos sólidos y que hoy quieren mancillarlo gratuitamente por situaciones de orden político.

Siendo estos los principales aspectos de la nota periodística que me preocupa, considero que lesiona la imagen y prestigio ganado  a lo largo de mi vida y los 50 años de existencia de la compañía Dentales Pablo Herman S.A., que pulso a pulso ha logrado un prestigio nacional e internacional y ha  cosechado reconocimientos por las gestiones empresariales, convirtiéndonos en una empresa líder en el país en  este género.

No existe una sola exposición de la entrevista que brindé al señor Geovanny Tipanluisa, reportero de este Diario; en la crónica no hace mención a ninguna de mis declaraciones; ni siquiera a los comentarios que hice sobre mi simpatía al Presidente de la Revolución ciudadana, le respondí que tengo un promedio de mil contratos suscritos con el Estado en los 10 últimos años, por lo que nuestro campo de acción es en el área de la salud, en equipamiento médico y odontológico en general, y que jamás la compañía ha tenido una observación por los organismos de control gubernamental durante los 50 años de su vida institucional.

El imaginario periodista puso 30 años de existencia de la compañía en la crónica y que he sido propuesto para concejal de Quito, que tengo una foto con el Presidente de la República, como que estos hechos fueran impedimento para que un empresario pueda participar en compras públicas. Todos estos elementos me hacen pensar que existe la intención de crear en el pensamiento colectivo, la sensación de que la corrupción ronda por los cuatro costados del Régimen y que las empresas que ofertamos servicios al Estado somos parte de esto.

De nuestra parte, la intención es contribuir con la satisfacción de una emergencia fundamental de personas con algún nivel de discapacidad motriz; en el país existen cerca de 1 500 000 personas que requieren atención urgente en esta área, sin embargo en la nota periodística no dice nada de la necesidad que tienen los ciudadanos discapacitados del Ecuador.

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