10 de agosto de 2018 00:00

La cárcel de Latacunga costó USD 23,7 millones más

El Centro de Rehabilitación Social tiene 70 000 m2 de construcción y cuatro etapas. Foto: Raúl Díaz/ EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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El Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte fue incluido por el actual Gobierno en la lista de las 523 obras con problemas por resolver.

La edificación de 70 000 m2, ubicada a un extremo de la Panamericana (E35), en Latacunga,tiene inconvenientes legales y problemas de abastecimiento de agua a los pabellones, cocina y otras áreas.

La infraestructura, que cuenta con cuatro etapas para 5 192 presos,se levantó en el régimen anterior, en el 2010.

Lista de los centros de rehabilitación con problemas por resolver por el Gobierno


La construcción se inició luego de que se declarara en estado de emergencia a los centros de rehabilitación por el exministro del Interior, José Serrano.

Para la construcción de este centro, el Ministerio de Justicia presupuestó USD 46,5 millones, que fueron entregados al extinto Instituto de Contratación de Obras (ICO).

Esta entidad se encargó de contratar a la constructora, al fiscalizador y al administrador de la obra; luego asumió el Servicio de Contratación de Obras (Secob). La adjudicación de los contratos se realizó de forma directa por tratarse de una emergencia.

En este caso, el ICO adjudicó la construcción al Consorcio Patria con un valor inicial de USD 46,58 millones, pero al final terminó en USD 70,4 millones, es decir un aumento de USD 23,7 millones, según cifras entregadas por el Servicio de Contratación de Obras (Secob), que reemplazó al ICO.

María José Morales, coordinadora zonal 3 del Ministerio de Justicia, indicó que hubo dos contratos adicionales. “Estos fueron para las áreas de cocina y de seguridad. El pedido fue realizado por la Subsecretaria del Ministerio de Justicia”, aseguró Morales.

El Secob realizó otra contratación directa adicional por USD 8,3 millones, para construir la carretera de cuatro carriles La Calera – Saquisilí.

Esta obra, adjudicada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue prevista por el régimen anterior como una compensación para los pobladores de Saquisilí y Latacunga.

Adicionalmente, el Secob efectuó otra contratación para la red de abastecimiento de agua potable, desde la planta de Alcóceres, ubicada al oriente de Latacunga, en el 2015.

Esta obra se adjudicó a la constructora Villacis Yánez José Hernán a USD 807 903 y luego se redujo a USD 794 168.

Pero actualmente no llega la suficiente agua hasta el centro, que está a 30 minutos de Latacunga. Debido a esto se implementó un plan para racionalizar el consumo de agua. Se realizan campañas para no desperdiciar el líquido y que los internos tengan dos veces al día agua y por dos horas.

Durante este tiempo pueden bañarse o asearse. Cuatro veces al día arriba un tanquero de la Municipalidad para proveer de agua a la zona de la cocina.

“Recibimos ocho litros por segundo el agua pero nuestra necesidad es 15,5 litros por segundo. Hemos solicitado ayuda al Municipio de Latacunga para que nos ayuden, pero nos indican que no pueden hacerlo porque dejarían sin el servicio a algunos sectores de la ciudad”, aseguró Morales.

Este Diario se contactó vía telefónica con los contratistas y envió un banco de preguntas a los correos electrónicos para esclarecer las variaciones en los montos de la contratación. Hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.

Al consultar al Secob sobre los incrementos, indicó que “los aumentos en las obras se dieron por nuevos requerimientos solicitados por el Ministerio de Justicia”.

Entre la construcción, la red de agua y la carretera se ha invertido USD 79,6 millones.

Al igual que este centro de rehabilitación otros cuatro registran un aumento total de USD 2 millones en relación a su costo inicial. Se encuentran en Azuay, Guayas, Chimborazo y Loja y tienen problemas legales, económicos y técnicos pendientes (ver infografía).

En el caso del Centro de Adolescentes Infractores de Loja, el ex ICO contrató, en octubre del 2012, el reforzamiento de un muro de cerramiento y el arreglo de una parte del techo que registraba fisuras.

La obra tuvo un precio inicial de USD 42 577 y terminó en USD 53 490 y pese a que esta obra consta en el listado de obras terminadas por resolver del Secob con fallas técnicas, ninguna autoridad sabe cuáles son esos problemas.

Sobeida Gudiño, coordinadora de la zonal 7 del Ministerio de Justicia y quien está cinco meses en el cargo, dijo que el centro opera sin inconvenientes. A un equipo de este Diario se le impidió el ingreso al sitio, ubicado en la ciudadela Daniel Álvarez. Desde afuera se ve deteriorada.


Tiene capacidad para 40 personas, pero por ahora están 22 adolescentes. Tienen talleres de costura, carpintería y panadería. Gudiño comentó que para trabajar en los talleres deben desconectar la energía de otras áreas porque no abastece.

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