26 de mayo de 2019 00:00

En 10 años el número de presos se triplicó; existen tres razones

Esta imagen fue captada en diciembre en el CDP de Quito. Hoy está en emergencia. Foto: archivo / EL COMERCIO

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Ana Belén Rosero Muñoz
Redactora (I)

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Las cárceles del país están abarrotadas. Hasta abril, en las 36 penitenciarías que operan en el país estaban recluidas 40 096 personas, aunque la infraestructura física tiene capacidad solo para 27 742.

Datos de la Dirección de Rehabilitación Social muestran que desde el 2009 hasta abril del 2019, la población penitenciaria se triplicó.

¿Por qué? Las autoridades aseguran que esto obedece a tres causas: acumulación de penas por sanciones más fuertes a raíz de la entrada en vigencia del Código Integral Penal; el “uso excesivo” de la prisión preventiva y lentitud en los trámites de prelibertad.

Penas más fuertes

Con la entrada en vigencia del Código Penal (10 de agosto del 2014) también comenzó a regir la acumulación de penas de hasta 40 años y sanciones más duras. Primero como defensor Público y ahora director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, ha cuestionado que los delitos menores sean castigados con penas mayores.

En sus archivos están los casos de Jorge y Steven, quienes fueron sentenciados a nueve años de cárcel luego de que el juez los declarara culpables por el robo de USD 205.

La víctima testificó que ambos la sometieron, amenazaron y se llevaron su dinero.

Un caso similar ocurrió con Grace y Martha. La Policía las detuvo, porque no pudieron justificar el origen de un frasco de mayonesa, dos botellas de cloro y 19 frascos de champú.

La Fiscalía las acusó de asociación ilícita y fueron condenadas a dos años de cárcel.

Hasta el 2014, las cárceles estaban ocupadas por 23 531 personas. Desde entonces, el número creció poco a poco.

Esto provoca un aumento del 42% de hacinamiento. Esta fue una de las causas por las que el Gobierno declaró el estado de excepción al sistema de rehabilitación social.

El incremento de detenidos se agravó en el 2015. Ese año se expidieron dos reformas a la legislación sobre drogas y se endurecieron las sanciones para quienes expendan y trafiquen narcóticos. La primera fue la aprobación de la Ley de Drogas y la otra la acumulación de penas que en ese entonces fue decidida por la Corte Nacional de Justicia.

Con esto, si una persona era arrestada con un kilo de cocaína y 21 gramos de marihuana se sumaban las penas de cada una y al final la sentencia podía ser de hasta 10 años. Es decir, si una persona era hallada con dosis mínimas, pero con varios tipos de droga, podía ser juzgada como narcotraficante y permanecería más años en las penitenciarías.

En la Asamblea se analiza reformar el Código Integral Penal. Uno de los cambios apunta a modificar la legislación sobre tráfico de drogas. Datos de Rehabilitación refieren que tres de cada 10 detenidos tienen que ver con delitos sobre alcaloides (27,8% prisioneros).

La prisión preventiva

En febrero pasado, la Defensoría del Pueblo publicó un estudio donde se establece que una segunda causa del incremento en la población carcelaria es el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces. Información del recientemente extinto Ministerio de Justicia revela que mensualmente ingresan a las cárceles 400 nuevos presos.

Pazmiño hace una proyección y asegura que si la tendencia en el crecimiento penitenciario no varía, en el 2020 habrá 14 000 nuevos detenidos.

Eso es insostenible. Hay delitos que se pueden controlar con más eficiencia en libertad y no necesariamente con la prisión preventiva”, sostiene.

En el 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al país aplicar medidas alternativas a la reclusión, sobre todo en delitos menores.

En abril pasado, una joven universitaria sustrajo una blusa de un local comercial. Al salir de la tienda fue descubierta.

La Policía la detuvo y fue llevada a la Unidad de Flagrancia. En la audiencia de formulación de cargos, un juez ordenó prisión y fue trasladada a la cárcel regional de Cotopaxi.

Según Pazmiño, ese tipo de delitos no amerita el uso de la prisión preventiva. “Se podría haber dictado otras medidas como, por ejemplo, la presentación periódica ante una autoridad judicial” o la prohibición de salida del país. “El grave problema de la sobrepoblación penitenciaria en el Ecuador es también por una falla en el sistema de justicia”.

Por eso, el funcionario propone contratar personal que haga un seguimiento a las personas procesadas, para comprobar si cumple o no la medida impuesta por un juez.

Este Diario también habló con el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Él dice que el abuso de esta medida no reduce los índices de delincuencia. La Defensoría muestra cómo en el 2015 se dictaron 22 422 órdenes de prisión preventiva y en el 2017 fueron 28 017.

Trámite de prelibertad

Otra causa que influye en el incremento de presos es la falta de agilidad en los trámites para la prelibertad.

Según el Código Penal (art. 698), este beneficio se aprueba para las personas que cumplieron el 60% de la sentencia.

Cuando la Dirección de Rehabilitación comenzó a operar en febrero de este año había 2 500 trámites pendientes.

En Cotopaxi, Ibarra y Santo Domingo, los directores carcelarios confirmaron que ahora una de las vías para frenar la sobrepoblación carcelaria precisamente es agilitar los pedidos de prelibertad.

En la cárcel de Cotopaxi hay detenidos que ya cumplieron con el 80% y el 90% de la pena y aún no salen de la prisión.

Hasta febrero de este año, 300 solicitudes se remitieron a la Comisión Nacional de Verificación de la Dirección de Rehabilitación. Actualmente, estas peticiones se encuentran en trámite de verificación.

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