29 de noviembre de 2020 00:00

Nueva Ordenanza trae un cambio en el sistema de transporte en Quito

En la parada de bus de El Tejar, usuarios ingresan a la unidad y pagan en efectivo.

En la parada de bus de El Tejar, usuarios ingresan a la unidad y pagan en efectivo. Foto: Eduardo Terán / El Comercio

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Mariela Rosero
y Daniel Romero (I)

Dejar atrás un modelo que ha funcionado por más de 50 años en Quito, superar el correteo de los buses y mejorar la calidad del servicio. Todo eso promete la Ordenanza para crear el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

La normativa fue aprobada la noche del viernes en el Concejo Metropolitano. Tomó un año de trabajo y 42 sesiones de la Comisión de Movilidad, aseguró el vicealcalde Santiago Guarderas, quien la preside.

El nuevo modelo permitirá interconectar los viajes del Metro y también del trolebús; además de los buses convencionales y cualquier otro que se implemente en el futuro.

Para concejales como Bernardo Abad, la aprobación de esta Ordenanza garantiza el funcionamiento del Metro de Quito. Ya se podrá -sostuvo- contratar a la empresa internacional que opere este sistema de transporte, que cambiará la movilidad de la capital.

Un punto polémico -que ha frenado por años la discusión de este modelo- es que dará paso a un proceso que fijará nuevas tarifas, un tema sensible para los políticos.

El aumento del pasaje depende de la firma de una adenda por parte de los operadores de transporte. El edil Omar Cevallos, vicepresidente de la Mesa de Movilidad, explicó que ahora no se puede firmar un nuevo contrato y por eso se escogió ese recurso legal.

La adenda plantea dos obligaciones. Una tiene que ver con el cumplimiento de parámetros de calidad del servicio. La otra se refiere al compromiso de participar en el concurso público para la asignación de frecuencias o rutas.

Para la firma de ese acuerdo legal hay un plazo de 30 días, a partir de que la Ordenanza se publique en el Registro Oficial. Después de esa firma hay un nuevo plazo de 30 días para que los operadores cumplan con los índices de calidad.

Es decir, en total habría un plazo de 60 días para que el pasaje de los buses convencionales en Quito pase de USD 0,25 a 0,35 centavos.

Cevallos precisó que el viaje en Metro, una vez que empiece su operación, costará USD 0,45. Sin embargo, si el ciudadano usa todo el sistema integrado, el pasaje será de 0,60.

Guillermo Abad, secretario de Movilidad, es de los funcionarios que más celebran la aprobación de la Ordenanza. Desde el 2005, cuando dirigía la ONG Justicia Vial, habla de un sistema integrado de transporte público. Lo recordó ayer y también que algo así debió ya concretarse en el Distrito, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en agosto del 2008.

Para Guillermo Abad es necesario ver las implicaciones de la normativa. “Es un golpe de timón para la movilidad de Quito, es un modelo integral. Es más que alza de pasajes”.

Pero la Ordenanza no solo es bien vista dentro del Concejo. Tuvo 15 votos a favor, incluyendo al Alcalde; una abstención de la Revolución Ciudadana (RC) y dos en contra, de la RC y de Concertación.

Jorge Yánez, histórico representante del sector de la transportación capitalina, aplaude la decisión de los ediles. Y reclama que no se haya tenido visión de futuro, hace 12 años.

“No estaríamos en las actuales condiciones, con un deplorable servicio. Apoyo la Ordenanza, pero no solo porque traerá nivelación de la tarifa, sino porque es un cambio total del sistema. Vamos a suscribir contratos basados en índices de calidad, para respetar la Ley de Tránsito y al usuario”.

La Unión de Operadores de Transporte Urbano de Quito, que preside, agrupa entre 800 y 900 buses. “Estamos dispuestos al cambio”, ratifica. Y comenta que en total operan 2 680 unidades. Espera que todos se sumen, para no dejar que vengan empresas ­internacionales, “que pudieran absorbernos”.

Abad explica en qué consiste ese gran cambio de modelo de sistema de transporte. Para obtener el alza de la tarifa deberán cumplir parámetros de calidad de servicio y firmar un contrato de operación.

Los parámetros exigidos tocan el tipo de organización empresarial; hasta ahora un problema ha sido su relación societaria: socio igual dueño de bus. Eso no deja que la operadora se encargue de administrar el uso de los vehículos. Abad recordó que por más de 50 años, los transportistas se han favorecido de un bien público, las rutas; incluso las vendían junto con sus buses.

Al Municipio, dice Abad, le ha tocado entenderse casi con cada propietario. Y no han logrado, por ejemplo, organizarse para que no circule toda la flota a cierta hora en una zona. También adelanta que deberán usar tecnología en lugar de fiscalizadores, para verificar si hay exceso de velocidad, si están mal estacionados; implementar sistemas integrados de recaudo y afiliar a los conductores.“Con todos esos requisitos estarán listos para un concurso mayor, en la fase de integración del sistema de transporte”.

Yánez dice que, como otros delegados de gremios, ha participado en sesiones del Concejo. Sabe que la ciudad fue dividida en 16 sectores, ya no habrá 196 rutas, por lo que los transportistas deberán asociarse. Habrá tarjetas inteligentes

para el pago de pasajes. Ellos retomarán negociaciones para comprar buses eléctricos; en enero estuvieron en China.

“Por fin habrá una sinergia en el sistema de transporte; hemos tenido varios subsistemas, se eliminará la pelea por el centavo en las vías”, opinó Juan Pablo Solórzano, especialista en transporte.

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