30 de September de 2009 00:00

¿Cómo normar la información clandestina?

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Redacción Política

El 9 de julio de 2007,  el presidente Rafael Correa, a través del Decreto 468, modificó el Reglamento a la Ley de Radiodifusión y Televisión. Agregó un literal al artículo 80, que se refiere a las sanciones administrativas.
 
Allí prohibió la reproducción de  videos y/o grabaciones clandestinas y/o no autorizadas por parte de los involucrados.
 
Bajo ese principio, Rafael Correa demandó a Teleamazonas por difundir un audio que lo involucra a él, a un ministro y a una actual asambleísta. Aunque la sanción ya consta en un cuerpo legal, dos de las tres leyes de Comunicación propuestas  refuerzan la idea en sus articulados.

Entonces, el  eje del debate es: ¿cómo  equilibrar el respeto a la intimidad de las personas con la necesidad de  utilizar estos métodos, como las grabaciones,  o para develar casos de corrupción o hacer investigaciones de ello?

Dos periodistas y un jurista hablan sobre lo que implicaría que esta prohibición se refuerce, a pesar de que ya existe una norma que lo regula.

Punto de vista

Ernesto  López/ Jurista
‘Habrá claridad en la jerarquía jurídica’

S i se dice que el proyecto de Ley de Comunicación que se aprobará en la Asamblea determina sanciones por realizar grabaciones clandestinas,   pese a que ya existe la Ley y el  Reglamento  de Radiodifusión y  Televisión, en la cual se determina lo mismo, no hay ninguna contradicción.

La nueva Ley de Comunicación permitirá que se derogue explícita o  tácitamente  la normativa anterior que trataba sobre el mismo tema. Sobre todo, porque tiene el carácter de orgánica.  También ocurre lo mismo con las  pequeñas reformas  en este mismo contexto.

En la nueva Ley  necesitan  reiterar las  formas sancionadoras, de tal manera que quede muy claro que se van a aplicar los preceptos de la  nueva Ley que se apruebe  y no regirán  las  de  la Ley de Radiodifusión.

Inmediatamente que  se aprueba la nueva Ley, la otra queda sin efecto.  Todo dependerá de  que si las derogan expresamente o tácitamente, eso ya es cuestión  de las autoridades.
 
Considero que el hecho de promover ciertas sanciones para los periodistas que ya están en la Ley de Radiodifusión, no tiene ninguna suspicacia.

Cuando a un periodista se lo juzgue, para no confundirse, deberá tomar en cuenta  a  la Ley posterior.   Siempre puede haber confusiones entre dos leyes, pero el principio  básico legal dice  claramente que  la norma posterior deroga a la anterior.

Punto de vista
Pedro Zambrano/ Aedep

Ya está probado que ese tipo de prohibiciones atentan contra la democracia. Un ejemplo reciente es el audio en  el que el presidente
Rafael Correa habla sobre los supuestos cambios a la Constitución. Está probado,  porque el Fiscal se ha detenido en determinar si es legal o no el audio y no está yendo al meollo del asunto, que es saber si hubo  cambios en la Constitución.

Ese caso no  es positivo. Lo privado no debería difundirse públicamente, pero un audio en que el  un funcionario público habla  de temas del Estado en un sitio público no es  privado. 

Estos proyectos de ley están poniendo límites a la libertad de expresión de la gente,  entre ellos periodistas y medios. Lo ideal es que la  ley obligue al Gobierno a difundir la información y no a poner límites.

De prohibirse   la información  producto  de cámaras ocultas y otros instrumentos, se afectará a  la práctica periodística y a la ciudadanía, que  no va a informarse de todo lo que debería.

Más allá de los medios, es una mordaza para los propios periodistas. Para la gente resultará como tener una venda en los ojos y tapones en los oídos. En general, creo innecesaria una ley que regule la  forma de expresarnos. La comunicación es algo tan libre que no debería tener una ley. La Constitución garantiza la libertad de expresión. Claro  que si hay algún  insulto u ofensa debe haber sanciones civiles.  Redacción  Guayaquil.

Punto de vista

Fausto Cardoso/ Periodista
‘Esos métodos deben usarse con ética’

En la radio Ondas Azuayas,  en varias ocasiones  utilizamos  la grabación oculta en casos  relacionados con estafas de coyotes, supuestos brujos, personas que ofrecían servicios ilícitos …

Creo que en estos casos, la investigación a través de ese método funciona, pero  esa libertad en la indagación debe ser manejada con ética y responsabilidad. Prohibir esta técnica y establecer   sanciones a quienes hagan uso de equipos secretos (cámaras o grabadoras) es  dejar al periodista sin una herramienta importante en la investigación.

Esta ayuda a los comunicadores a desarrollar un trabajo profundo,  que será de beneficio colectivo. Pero si es costumbre en un
periodista o persona particular andar con una grabadora encendida guardando conversaciones íntimas para utilizarlas como chantaje, eso es antiético.

La discreción  depende del profesionalismo, la actitud ética  y cuánta importancia tiene para la colectividad ese tema. Por lo tanto, la
persona que haga un buen uso de estas herramientas (fotografías, audios o vídeos) no debería ser castigada con la Ley.

No comparto  la cláusula de excepción (salvo en el caso de que autorice la autoridad competente) porque eso sería  alertar al implicado y que falle la investigación.  En nuestro caso, en los temas  donde utilizamos grabadoras ocultas,  se puso al descubierto, por ejemplo, como operan las redes de estafadores.  Redacción  Cuenca

Ley de Montúfar

Art. 4. Todos los hechos pueden difundirse, salvo que se califiquen expresamente como privados o reservados.

Art. 44. Los periodistas tienen derecho a investigar sin restricciones. Art. 59. Periodistas que hubieren accedido a información, independientemente de que hubiera sido filtrada, no serán sujetos a sanciones de ningún tipo, a menos que hubieren cometido delito en su obtención.

Art. 41. En caso de que se cause daño moral, habrá lugar a acción civil ante el juez competente y de conformidad con las normas del Código Civil.

Ley del Foro

Art. 3. Las personas tienen derecho a la vida privada yal respeto de la honra. Art. 21. También a recibir contenidos que no se obtengan por videos y/o grabaciones magnetofónicas clandestinas y que no sean producto de cámaras o grabadoras escondidas, teleobjetivos y otros.

Art. 111. Los afectados por contenidos que agravien su honra tienen derecho a la rectificación. También pueden acceder, de manera gratuita e inmediata, a copias de los programas o publicaciones.

Las sanciones, por afectar a derechos, pueden ir hasta el cierre del medio.

Ley del Gobierno

Art. 14. Los medios deben respetar la integridad y la intimidad de las personas. Art. 22. Se prohíbe a los medios difundir información producto de cámaras ocultas, grabadoras escondidas, teleobjetivos y métodos de encubrimiento, que impliquen intromisión en la vida privada.

Art. 63 Se aplicará la sanción de multa si un medio de comunicación hace apología del delito o revela hechos o documentos no permitidos por las leyes.

Art. 4. Toda persona afectada por informaciones que agravien su honra tiene derecho a la rectificación.

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