15 de diciembre de 2017 00:00

Norma que prohíbe construir en zonas de riesgo genera debate

Vecinos de la urbanización Campo Verde construyen sin el respectivo permiso. Foto: Fabián Maisanche / EL COMERCIO

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Fabián Maisanche

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Los 1 500 vecinos de la urbanización Campo Verde de Latacunga demandaron al Municipio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los moradores lo acusan de violentar sus derechos a un hábitat seguro y a la propiedad, al haber incluido a esa y otras lotizaciones dentro del área de riesgo del volcán Cotopaxi, las cuales serán reguladas a través de la ordenanza de ocupación y uso de suelo, que se encuentra en pleno debate.

La urbanización está localizada en el norte de la ciudad, entre los ríos Cutuchi y Aláquez, por donde descenderían los lahares si el volcán erupcionara.

La reactivación del Cotopaxi, en agosto del 2015, hizo que el Departamento de Planificación del Municipio suspendiera desde ese entonces la recepción y trámite de 2 000 permisos de construcción en las zonas consideradas inseguras.

En la ordenanza, que ya fue aprobada en primer debate por los concejales, se determina que el 65% de la ciudad -es decir unas 10 000 edificaciones- está asentado en zonas de peligro.

Los vecinos de Campo Verde fueron obligados a paralizar las construcciones y a no planificar nuevas edificaciones. Los lotes de 300 m² fueron adquiridos entre USD 18 500 y 24 500 cada uno.

Por el impedimento para construir, la maleza y potreros crecieron en los terrenos de la urbanización, que tiene calles adoquinadas, veredas y bordillos. Las propiedades también perdieron plusvalía.

Según Patricio Cárate, dirigente de Campo Verde, los vecinos están afectados porque no se les permite hacer sus casas, hipotecarlas ni aplicar a préstamos.

El exmilitar acusa al Municipio de haber permitido en el 2012 los trámites de urbanización del sector y de venta, pese a que lo prohibía el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, vigente desde el 2008.

“La administración de ese entonces conocía estas disposiciones, pero (en el 2012) autorizaron la constitución de los terrenos y de otras urbanizaciones en zonas de inminente riesgo. Ahora, la ordenanza de ocupación y uso de suelo que se discute el Concejo cantonal nos dará el golpe de gracia”, dice.

Campo Verde espera que el Municipio responda su demanda ante la CIDH, presentada en mayo.

La ordenanza delimita las zonas donde no se pueda construir. En el mapa de riesgos están otros barrios, como Tiobamba, Vásconez Cuvi, Nueva Vida, Rumipamba, San Antonio de Limache, San Buenaventura, la parroquia rural de Aláquez, Tanicuchí, Mulaló y otros. Estos sectores están asentados a lo largo de las riberas de los ríos Cutuchi, Aláquez y Saquimala.

Esas áreas son de riesgo, según los mapas e informes de la Secretaría de Gestión de Riesgos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Central.

En esa zona se edificaron conjuntos habitacionales, restaurantes, centros de salud, hospitales, unidades educativas, talleres mecánicos y artesanales, vulcanizadoras, dependencias municipales y otros comercios.

“La ordenanza busca prevenir y evitar más construcciones en zonas de riesgo. Hay 12 000 hectáreas que están declaradas como zona de riesgo y con los ­cambios se pretende dejar en un 15%, que sería de alrededor de 2 000 hectáreas”, insiste Gladys Vaca, presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Uso del Suelo.

Un grupo de técnicos de Planificación y concejales recorre los barrios afectados para hacer conocer las bondades de la ordenanza. Vaca indicó que los terrenos de estas zonas podrán ser vendidos o heredados, para actividades agrícolas.

“La alternativa que buscamos es la reactivación de la construcción en el cantón, pero en zonas seguras”.

Pero estas propuestas no son aceptadas por los vecinos que se sienten afectados. Eduardo Chasi, coordinador de la urbanización Nueva Vida, explica que el documento busca brindar seguridad a una parte de la ciudad, pero aísla a otro sector y la declara como ‘zona muerta’. “La ordenanza impide invertir, construir o tener un buen precio por nuestros terrenos o casas y que en el futuro entreguen permisos para alguna actividad comercial”.

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