20 de febrero de 2020 12:52

En mayo de 2020, Junta de Protección tratará caso de niño venezolano que fue agredido por compañero

Imagen referencial. La familia del niño exige una sanción para el establecimiento educativo, donde no se siguieron los protocolos contra la violencia a estudiantes. Foto: Archivo EL COMERCIO

Imagen referencial. La familia del niño exige una sanción para el establecimiento educativo, donde no se siguieron los protocolos contra la violencia a estudiantes. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Mariela Rosero
Editora (I)

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La abuela de Omar, un niño venezolano de 6 años, conserva las fotografías en donde se observan los golpes y cicatrices, que le causó un empujón. El viernes 31 de enero de este 2020 -según relata- fue agredido, una vez más, por un compañero, que provocó que ruede por un graderío en una escuela en el sur de Quito. Ahora espera que el Ministerio de Educación le otorgue un cupo en otro plantel.

Este jueves 20 de febrero, la señora contó que está a la expectativa de lo que ocurrirá el 13 de mayo, en la audiencia, que se desarrollará en las calles Venezuela, entre Rocafuerte y Bolívar. Para esa fecha fueron citadas por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Zona Centro. También deben acudir la representante del plantel fiscal, en donde supuestamente ocurrió la agresión, y la profesora del niño.

En el documento se les advierte a los citados "las medidas determinadas en esta avocatoria son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo a lo determinado en el artículo 215 de Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), las mismas que según el 219 del mismo cuerpo legal, deben ser vigiladas por la Junta. Y podrán ser sustituidas, modificadas o revocadas por esta autoridad; además que ante su incumplimiento se procederá al cobro de multas establecidas en el artículo 248 del CONA". En ese artículo se indica que quien amenace o viole los derechos de un niño o adolescente o cuya conducta de acción u omisión no tenga asignada una sanción especial, será condenado al pago de una multa de USD 100 a 500, por cada amenaza o violación de éstos".

La abuela, que pidió la reserva de su nombre, contó que el 31 de enero, cuando fueron a retirar a Omar de su escuela, vieron los rasguños y hematomas en su rostro. Una maestra de otro salón les informó que no sangró ni hubo fractura por lo que no la llamaron.

La mujer asegura que no fue la primera agresión que tuvo que enfrentar su nieto, que en estos 20 días de febrero no ha acudido a clases. La abuela repite que tiene pesadillas y pide volver a Venezuela porque en Ecuador no lo quieren. “Lo golpeaban, lo empujaban, le rayaban la ropa, le patearon en sus partes íntimas, le decían que no jugaban con él por ser venezolano. Por eso pedimos un cambio de escuela”.

La familia del niño exige una sanción para el establecimiento educativo, donde no se siguieron los protocolos contra la violencia a estudiantes. Según relata, el 31 de enero, tras verlo golpeado, lo sacaron al patio, para hablar sobre primeros auxilios, aprovechando sus heridas. La mujer mostró mensajes de WhatsApp, enviados por la Directora de la escuela, en la que le ofrece ayudarle a conseguir el uniforme, a un mes de que concluya el primer quimestre, tras el incidente.

El Consejo de Protección de Derechos tuvo una reunión para tratar este caso y otros contra ciudadanos venezolanos, en el Ministerio de Educación. A la sesión de trabajo acudieron delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Y hubo algunos compromisos.

La abuela dice que reciben el apoyo de la organización HIAS, para poder mudarse. Actualmente viven en La Ferroviaria, sur de Quito. El Ministerio de Educación, según comentó, analiza dos opciones de planteles, a donde podría ser transferido Omar. Esa fundación también se ofreció a brindarle terapias psicológicas al pequeño.

"Uno de nuestros objetivos es sentar un precedente, no son suficientes las campañas de prevención contra la violencia escolar, se requieren las sanciones respectivas. Hubo un acto de negligencia que vulneró el derecho a la educación de mi nieto, se puso en riesgo su integridad física y se debe sancionar, que se siente un precedente jurídico, para responder a las denuncias que se ponen a diario. No es posible que un niño empuje a otro. No se activaron los protocolos, no se le dio la atención al niño, que se sancione. Que este proceso se hago público y que las próximas víctimas vean que se toman acciones".

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