Las fachadas de las viviendas dan cuenta del desgaste por la falta de mantenimiento. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.
Sobre 20 hectáreas de terreno se construyó en el 2011 un campamento habitacional, con 140 villas, para alojar a los trabajadores que darían forma a la Refinería del Pacífico (RDP), en El Aromo, Manabí. Al cabo de ocho años, se encuentran abandonadas y deterioradas. Nadie las usa desde el 2017.
En sus inicios el campamento albergó a obreros y técnicos de la constructora brasileña Odebrecht y de la fiscalizadora Worley Parsons. Más tarde sirvió como centro de operaciones de diferentes instituciones públicas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016, que afectó a Manabí y Esmeraldas.
En la actualidad, tres personas se encuentran encargadas de darle mantenimiento, pero no disponen de recursos ni materiales suficientes para realizar un trabajo adecuado.
Este Diario ingresó al complejo habitacional y constató el desgaste de los inmuebles.
Las villas pueden albergar a 840 personas. Son de una sola planta, tienen paredes blancas y los techos son verdes. Pero las fachadas lucen descoloridas, llenas de polvo.
Cada una, en el exterior, está dotada de antenas de televisión por cable y extintores, que ahora están oxidados. Por dentro se encuentran equipadas con un refrigerador, televisión, una mesa de comedor para seis personas, muebles de sala y camas de una plaza.
La obra fue ejecutada por la compañía Etinar, contratada por el Municipio de Manta con un presupuesto referencial de USD 9,5 millones, mediante un convenio con la Refinería.
Según información de la página web de Etinar, la infraestructura contemplaba un plan de manejo ambiental con planes de prevención, mitigación y compensación.
Las fachadas de las viviendas dan cuenta del desgaste por la falta de mantenimiento. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.
Fuentes de la RDP, que pidieron la reserva, confirmaron que nadie las habita desde septiembre del 2017. A finales del 2018 ahí pernoctaron los técnicos que auditaron al proyecto petrolero con el aval del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un informe de diciembre del 2018, elaborado por la Gerencia General de la Refinería, confirma que el campamento está sin uso y que por limitaciones de recursos no se han realizado trabajos de mantenimiento para la conservación de su integridad estructural.
“Los equipos electrodomésticos y muebles, por el paso del tiempo, están sufriendo deterioro, razón por la cual, ante requerimiento de la Administración, la Junta de Accionistas del 3 de julio de 2018, autorizó el remate de vehículos y bienes sin uso, así como de sobrantes de proyectos”. El remate todavía no se ejecuta.
Vías pavimentadas dividen las instalaciones en nueve manzanas que se distinguen por las letras del abecedario, desde la A hasta la I. Aparte, hay áreas comunales, oficinas administrativas, centro médico, gimnasio, comedor, una cancha de fútbol con césped sintético y una de básquet.
En general, el equipamiento está en deterioro y la maleza crece sin mayor control. La cancha de baloncesto, por ejemplo, no posee canastas porque el paso del tiempo oxidó el hierro. Algunas paredes de las villas muestran manchas verdes semejantes al moho.
La inactividad del sitio responde a que el proyecto petrolero no prosperó más allá de la ejecución de obras tempranas; entonces, permaneció inactivo porque no se definía su uso.
A los habitantes de la parroquia El Aromo les resulta incomprensible que las villas estén abandonadas cuando existen ciudadanos de la zona que no poseen una casa propia.
Asimismo, reclaman que las vías de la localidad, en su mayoría, no están adoquinadas, mientras que el complejo cuenta con calles asfaltadas.
Victoriano Delgado, dirigente de la comunidad, sugiere que la obra se incluya en el plan gubernamental Casa Para Todos, a fin de que ellos puedan beneficiarse de ellas y mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo, la sugerencia no podría aplicarse debido al proceso de liquidación en el que, actualmente, se encuentra RDP, que es una compañía de economía mixta.
La Superintendencia de Compañías inició el trámite el pasado 12 de marzo, por petición de Petroecuador, bajo el argumento de estar disuelta, conforme lo estipula el numeral 6 del artículo 360 de la Ley de Compañías.
Mientras se desarrolla la liquidación, los accionistas no pueden disponer de los activos. Según las fuentes consultadas, cualquier movimiento o decisión de los activos tiene que pasar por la Junta de Accionistas, formada por Petroecuador y la firma Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
De los USD 1 468 millones que se aportaron en la RDF desde 2008, Petroecuador desembolsó un total de USD 1 236 millones y Pdvsa un monto de USD 231 millones.
Alberto Merizalde, responsable de ejecutar el proceso, había aceptado dar una entrevista a este Diario para explicar los pormenores de cómo avanza la liquidación y cuál será el futuro de las villas. Sin embargo, declinó y hasta el cierre de esta edición no ha dado una respuesta pese a los mensajes enviados a su teléfono personal.
También se buscó una versión oficial por parte de Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pero tampoco hubo una respuesta.
Autoridades locales no tienen una postura en firme con respecto a esos predios. Jorge Zambrano, actual alcalde de Manta, y Agustín Intriago, alcalde electo de ese cantón, coinciden en que es competencia de la administración de la Refinería decidir sobre las viviendas y dar un uso responsable.