El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional su veto parcial a la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales.
Específicamente, se solicitan cinco modificaciones al documento que fuera aprobado por los asambleístas hace un mes.
El primer punto se refiere al hecho de que, por esta vez, los empleadores que no hubieren afiliado a sus trabajadores en relación de dependencia en los últimos tres años, así no se mantenga la relación laboral en la actualidad, no serán sujetos de sanción y podrán afiliarlos extemporáneamente al IESS, dentro de seis meses contados desde la expedición de la ley.
Aquí se incorpora que podrán hacerlo pero pagando los valores correspondientes de aportación patronal y del trabajador, más el interés equivalente al máximo convencional permitido de mora, sin recargos por multas, incrementos adicionales o de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la responsabilidad patronal.
Se calcula que alrededor de USD 200 millones deberían las empresas por este concepto.
En otro ámbito, el Ejecutivo objeto el tema relacionado con que el IESS reconozca a los afiliados todos los beneficios que les corresponderían, aunque sus empleadores estén en mora en el pago de sus obligaciones.
El Ejecutivo considera que con ello el IESS no solo se encargaría de las prestaciones de enfermedad, maternidad, auxilio de funerales y fondo mortuorio, sino que, además, tendría que otorgar las demás prestaciones, aun cuando se perjudique su patrimonio, en perjuicio de los demás afiliados.
Por tanto, dice que es obligación del IESS perseguir el cobro de lo que se de adeude, sin descuidar los servicios antes mencionados.
Finalmente, señaló tres observaciones adicionales: que no se suspenda el proceso de coactivas cuando se persigan los bienes de los obligados; sobre el abuso del derecho y, además, acerca de las atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales cuando actúe en representación de los derechos de los trabajadores.
La Asamblea, que retoma esta semana sus actividades, deberá responder sobre este veto.