El presidente de Ecuador Lenín Moreno realizó observaciones a la Ley de Finanzas Públicas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
En la Asamblea el veto del Ejecutivo de la Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas no logró el apoyo necesario.
Ayer, 1 de julio del 2020, el Pleno del Legislativo se reunió para debatir el documento y, en este contexto, Franco Romero, asambleísta de la Comisión de Régimen Económico, propuso que los legisladores voten para allanarse a las 16 objeciones que planteó el Presidente de la República el pasado 15 de junio del 2020.
Pero el Pleno no aprobó la propuesta de Romero, debido a que no se alcanzaron los votos necesarios. La propuesta recibió 47 votos positivos, 52 negativos y 3 blancos y 31 abstenciones.
Luego la sesión fue suspendida. Ahora quedan dos caminos, que se vuelva a instalar el Pleno para reconsiderar la votación o que entre por el Ministerio de la Ley una vez se cumplan los 30 días de plazo contados desde que el Ejecutivo envió el veto, que fue el 16 de junio del 2020.
Sin embargo, Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea, cree que, al no alcanzar los votos y debido a que no se propuso reconsiderar la moción, el texto del proyecto entrará en vigencia cuando se cumplan los 30 días.
El proyecto propone techos presupuestarios para las entidades dentro del Presupuesto General del Estado, para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y para las empresas públicas. También plantea la reducción del indicador de deuda/PIB al 40% hasta el 2032.
Gabriela Larreátegui, asambleísta por Pichincha, destacó que esta nueva ley es importante porque permitirá que el país alcance más orden y se establezca más control en gastos y endeudamiento.