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155 876 usuarios ya no reciben el subsidio de la tarifa dignidad

Algunos usuarios han reportado el alza de la facturación del servicio de energía. Foto: archivo / EL COMERCIO

El mayor consumo de energía durante la pandemia, generado por el teletrabajo o la teleeducación, ocasionó una reducción en el número de usuarios que reciben el subsidio de la tarifa dignidad.

Este es un beneficio otorgado por el Gobierno desde el 2007, para que aquellos consumidores del sector residencial que mantienen un consumo mensual de hasta 110 kWh/mes en la Sierra y 130 kWh/mes en la Costa, Oriente y región Insular cancelen 4 centavos por kWh; es decir, menos de la mitad de la tarifa promedio del resto del país.

Pese a que en el 2020 hubo un ligero aumento, la cifra de beneficiarios sigue lejos de los niveles prepandemia. Hasta marzo pasado hubo 1,48 millones de usuarios de la tarifa dignidad; es decir 155 876 menos, comparado con el 2019, según los datos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables (ARC).

Las provincias en donde más usuarios dejaron de recibir el subsidio al servicio de energía son Guayas, Tungurahua, Azuay y Pichincha.

La ARC calcula cerrar al final del año con solo 1,2 millones de beneficiarios.

El objetivo del subsidio es reducir el pago por el servicio de energía eléctrica para los sectores de escasos recursos económicos. Sin embargo, con las medidas de confinamiento obligatorias y la compra de equipos electrónicos para poder cumplir con el trabajo o las clases se ha excedido el límite para acceder al beneficio de la dignidad.

Ángeles Torres, de 78 años, fue usuaria de la tarifa dignidad hasta junio del 2020.

Ella cuenta que salió del grupo de beneficiarios cuando uno de sus hijos le regaló un aire acondicionado y una lavadora para su casa, en el cantón Santa Rosa, en El Oro.

“Mis hijos no querían que salga por temor al contagio y poco a poco me fueron equipando la casa para que tenga todas las comodidades”.

La mujer pasó de cancelar USD 6,80 a 17. Según cuenta Torres, antes de la pandemia ella no pasaba en su domicilio, pues diariamente ayudaba a un vecino con la venta de sandías y piñas en un local cerca de su casa.

En el caso de Luciano Gonzabay, la factura subió cuando su hijo se mudó a vivir con él. El joven recibe teleeducación. Con eso, el monto que Gonzabay pagaba en sus planillas se triplicó, de USD 7 a USD 31, en enero pasado.

El hombre, de 75 años, cuenta que puso la queja en la Corporación Nacional de Electricidad (Cnel), y le dijeron que sobrepasó el límite de consumo para ser beneficiario de la tarifa dignidad. Ahora, sus hijos le ayudan con el pago de las facturas eléctricas.

Según la ARC, la reducción de usuarios en la tarifa dignidad es una de las causas que explica el alza de la facturación del servicio de energía entre algunos usuarios.

De hecho, para atender este inconveniente que derivó en parte los reclamos por cobros excesivos a escala nacional, el Gobierno dispuso a la ARC que aprobara medidas ­compensatorias para los meses de abril y mayo de este año.

Las disposiciones se establecieron en el Decreto 74, firmado el 11 de junio pasado.

La Agencia tiene previsto emitir la resolución para dar el ejecútese a estas medidas en las próximas horas. Además, el Jefe de Estado dispuso al Ministerio de Energía que emprendiese acciones necesarias para transparentar los procesos de facturación eléctrica en el país.

Otro problema que ha detectado la ARC es el tiempo excesivo en atender los reclamos de los usuarios, especialmente cuando tienen que ver con la revisión de medidores.

No olvide

El beneficio. A los valores de abril y mayo del 2021 se podrá aplicar lo facturado en iguales meses del 2019, siempre que el valor del 2019 sea menor al de este año.

La aplicación. El beneficio aplica para usuarios cuyo consumo de energía, en abril y mayo del 2021 sea de hasta 500 kWh, según el ­Gobierno.

Los cortes. No se podrá cortar el servicio por falta de pago a los usuarios residenciales, hasta por 60 días desde la vigencia de estas medidas.

Los reclamos. No se deberá exigir el pago de facturas para dar atención a los reclamos hechos por usuarios residenciales en las empresas eléctricas.