En Orellana decenas de tráileres están parados por la situación petrolera. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
La sostenibilidad del sector del transporte de la carga pesada “peligra”, de acuerdo con sus propios representantes, debido a una serie de factores que confluyeron en este año y causaron que la contratación del servicio cayera hasta en un 80% según la región del país.
La caída del precio del petróleo y la consecuente reducción de la actividad petrolera; los retrasos del Estado a los proveedores; la imposición de las salvaguardias que redujo la movilización de mercadería importada; y la contracción de la inversión en obra pública han provocado que cada vez se demande menos el servicio de camiones, volquetas, tráileres, mulas y tractomulas en el país.
Un vehículo entra en la categoría de carga pesada cuando sobrepasa las 3,5 toneladas de carga, es decir, 35 quintales.
El presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Juan Carlos Andrade, explica que en años pasados existió un ‘boom’ de la demanda de camiones y tráileres en el país por la importante obra pública e inversión estatal.
Detalla, sin embargo, que por ello muchas personas y empresas compraron estos vehículos y ofertaron sus servicios sin permiso de operación y de manera bastante informal.
Ahora que la demanda del servicio ha caído hay una sobreoferta de camiones que provoca que más del 50% del parque automotor para carga esté subutilizado. Según cifras de la federación, existen alrededor de 220 000 vehículos de carga pesada en el país y solo hay oferta de trabajo para unas 100 000 unidades. “No es que más de la mitad estén parados. Pero si antes hacían dos o tres viajes semanales, ahora hacen solo uno”, dice Andrade.
Uno de los problemas que más ha impactado a este sector es el derrumbe del precio del petróleo que desde junio del 2014 cayó de USD 98 a 30 por barril para el crudo nacional.
Como consecuencia de la caída, las empresas petroleras han dejado de perforar y ello ha significado una menor demanda de vehículos pesados que trasladen maquinaria para esta actividad económica.
Por otro lado, existe el tema de los retrasos a los proveedores de las petroleras estatales como Petroamazonas, que desata un efecto en cadena. Si no se paga a las empresas de servicios, estas no pagan a sus proveedores como los tráileres. Hay facturas sin pagar hasta de un año de retraso.
Aunque es difícil tener una cifra exacta, Andrade destaca que solo en el Oriente las deudas por transporte de carga pesada superan decenas de millones de dólares.
Pero el problema no solo es el tema de las deudas, que se esperaría que se paguen los primeros meses del 2016, sino que no hay trabajo porque la actividad petrolera ha disminuido por el bajo precio. Andrade considera por estos factores, la facturación de los transportistas pesados ha bajado en la Amazonía en un 80% en 2015.
Un segundo elemento que ha afectado al sector son las salvaguardias por la restricción en el ingreso de productos importados y, por ende, el traslado interno de esta carga.
Nelson Cano, transportista de carga de Carchi y presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, cuenta que las salvaguardias han reducido la movilización de la carga desde Colombia hasta un 60% en lo que va del año. Indica que los propietarios de camiones apenas pueden subsistir con lo poco que les ingresa y estima que varias decenas de transportistas no tienen trabajo.
Ante las medidas tomadas por el Gobierno de eliminar el cobro del anticipo del Impuesto a la Renta a los transportistas del Carchi y que puedan participar en contratos de transporte para las empresas públicas en otras ciudades del país, dijo que en algo han ayudado pero no compensan la caída global del trabajo.
Esta situación no solo se vive en las fronteras sino también en los puertos. Félix Toala, transportista de carga pesada en Guayaquil, coincide en que la demanda del servicio ha caído en un 60% también por las salvaguardias y advirtió que esto ha desatado una “guerra de precios” por la sobreoferta de unidades. Es decir, cada vez se cobra menos por el servicio, afectándose más al sector.
A esto se suma la demora en el ingreso y salida de mercadería en el puerto marítimo de Guayaquil que tarda hasta cinco horas por carga, lo que incrementa los costos.
Pero no solo el servicio de transporte pesado se ha afectado sino, además, las ventas. Patricia Arpi, representante de Autec, empresa que importa camiones DAF y Kenworth explica que este año la venta caerá de 350 unidades a 170 por la salvaguardia del 45% y la baja de la demanda por la contracción del transporte pesado.
Andrade insiste en que muchas empresas pueden quebrar y que es necesario que se implemente la medida de que por cada camión que ingrese, uno se chatarrice.