En la empresa Orangine se explicó a los trabajadores sobre el alza en los planes corporativos de telefonía. Foto: Pavel Calahorrano/ EL COMERCIO
Los trabajadores que cuenten con un plan corporativo de telefonía móvil no deben pagar el 15% del impuesto a los consumos especiales (ICE). Para ello, deberán solicitar a las operadoras telefónicas que la facturación se emita a nombre de cada beneficiario; es decir, una persona natural.
Así lo aclaró el Servicio de Rentas Internas (SRI), ante una consulta de este Diario.
La Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas, aprobada en la Asamblea, en mayo pasado, establece que se grave con el ICE a los servicios de telefonía fija y planes de voz utilizados por las sociedades o empresas. También aplica a planes que incluyen paquetes conjuntos con voz, datos y mensajes de texto.
A este gravamen se suman los dos puntos adicionales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), es decir, el 14%. Este se contempla dentro de la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad por el terremoto, que afectó a Manabí y Esmeraldas. Con ello, el pago total en impuestos por este servicio sube del 12 al 29%.
Este mes ya se reflejó el cobro de estos tributos en los roles de pago de los trabajadores y en la facturación de las empresas en el territorio.
Pero, el SRI aclaró que el impuesto debe ser cancelado solo por las sociedades y no por trabajadores dentro de los planes corporativos.
La entidad señaló que las compañías tienen la capacidad de soportar la nueva carga tributaria. Indicó que el servicio representa aproximadamente el 0,5% de los costos y gastos de las empresas a escala nacional.
Por ejemplo, en la firma René Chardon, que produce cosméticos y artículos de cuidado personal, hay 140 líneas de telefonía corporativa, que son pagadas por la empresa. Además, tiene 15 planes corporativos que cancelan los mismos trabajadores. Así lo explicó Christian Donoso, gerente general de la firma. “La empresa sí trasladó el monto a los trabajadores que ocupan estos planes”, señaló el ejecutivo.
En el caso de Donoso no conocía que los trabajadores tienen la alternativa de pedir una facturación a nombre de cada beneficiario, por lo que están en un compás de espera para ver qué impactos tiene el incremento. “Los trabajadores están en la libertad de salirse del plan”, señaló.
Según Javier Leiva, asesor comercial de una operadora, el incremento de estos rubros afecta a empresas, que buscan reducir gastos. Conoce 20 empresas que han decidido prescindir de estos planes, que traían beneficios como descuentos en los equipos que adquirían los empleados. “Han rechazado el servicio de telefonía y solicitan que haya más promociones o descuentos para evitar una salida”, señaló.
Hay trabajadores que buscan alternativas por este incremento. Carola Ríos, colaboradora del área administrativa de una firma inmobiliaria constituida en Guayaquil, dijo que su rol de junio llegó con el alza en el rubro por consumo celular. La ejecutiva está desde hace tres años dentro de un plan corporativo, que incluyó como beneficio un descuento en la compra de un equipo celular. “Me llegó con un incremento de casi USD 4”, aseguró.
En otras empresas, el pago del ICE no se trasladó a los empleados. Jennifer Vivas, jefa administrativa de la firma proveedora de servicios de monitoreo vehicular Carseg S.A. (Hunter), explicó que en el caso de sus colaboradores, ese recargo no se hizo con cargo al empleado. “Aquí no hubo recargo en el rol del empleado”.
Lo mismo se evidenció en empresas como Orangine, que tiene su planta en el sur de Quito. Carlos Sarche, gerente general de la firma, que se encarga de la elaboración de bebidas gaseosas, sostuvo que la empresa asumió el incremento de tributos de las 33 líneas de telefonía corporativa. Sin embargo, ya analiza la idea de reducir el número de planes. “Dejaríamos unas 18 líneas para las personas de ventas”.
El SRI calcula que se recaudará USD 126 millones en el 2016 como resultado del incremento de la tarifa del ICE.
La entidad, vía correo tras la consulta de este Diario, indicó que la salida de personas de estos planes no afectará su meta. “Las asociaciones de trabajadores representan una minoría en relación a todas las empresas privadas, por lo que no incide negativamente en la recaudación de este tributo. Más bien seguimos garantizando el acceso mayoritario de este servicio a los ciudadanos”.