A las 08:00 de este lunes de 1 de octubre, casi un centenar de trabajadores y extrabajadores del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en la calle República de El Salvador y Suecia, al norte de Quito realizaron un plantón, en las afueras del Ministerio de Energía y Minas. Su objetivo es reclamar que se cumpla con el acuerdo de hace 20 años para que el OCP pase a la administración del Estado.
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Según Jorge Cáceres, coordinador del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, el OCP se comenzó a construir en el 2001 y comenzó a operar en el 2003. El contrato estipulaba que a los 20 años de operación por parte de Oleoducto de Crudos Pesados Sociedad Anónima, éste debía pasar a manos del Estado de manera gratuita.
Sin embargo, “sigue en manos privadas porque en enero de este año se hizo una transacción entre el Estado y la OCP para prorrogar por seis meses. Terminada esa prórroga, se la extendió por otro mes y ahora hay otra por tres meses”, dice Cáceres.
OCP y la empresa privada
El dirigente sostiene además que en esos seis meses de la primera prórroga el Estado dejó de percibir al menos 80 millones de dólares. A este inconveniente se sumaría que la empresa ya se habría vendido a una empresa por 25 millones de dólares, según Cáceres.
En realidad, el 30 de agosto del 2024, Pampa Energía S. A., una empresa argentina, informó sobre “el cierre de la adquisición indirecta del 36% del capital social y votos de Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A., sociedad en la que Pampa ya poseía el 64% del paquete accionario”. El monto fue de 23 millones de dólares.
“Con esta transacción, Pampa se convierte en la única titular de OCP Ecuador y comienza a consolidar dicha compañía en los estados financieros. El monto de la transacción fue de US$23 millones”, añade la nota.
Tres días antes de la información de Pampa Energía S. A., el ministro de Energía, Antonio Goncalves, informó de la prórroga por tres meses más a OCP.
OCP, ¿privatización o estatización?
Lo que ocurre con OCP se presenta dentro del debate entre la privatización y la estatización. Los que creen en la primera afirman que las empresas privadas administran mejor una empresa; los que van a favor de la segunda, dicen que el petróleo es un recurso estratégico del Estado.
“Lo digo por experiencia -dice Cáceres-: el Estado tomó las operacions de Anglo en la Península de Santa Elena y le ha ido muy bien y lo mismo ocurrió con el SOTE. el OCP no es una empresa debilitada, sino que está en marcha. El Estado lo que tiene que hacer es administrarlo”.
El Oleoducto de Crudos Pesados tiene una extensión de 485 kilómetros de extensión y se lo comenzó a construir en el 2001, con una inversión privada de 1 4000 millones de dólares y se lo concedió por 20 años.
