Los empleados de la empresa incautada Maxigraf, en manos estatales desde mediados del 2008, enviaron una documentación al presidente Rafael Correa, alertándole sobre las supuestas anomalías en el interior de la empresa.
En el documento señalan que el ex gerente de la empresa, Robert Andrade “se ha dedicado a incorporar a sus amistades dentro de la empresa, con sueldos escandalosos”. Uno de esos casos denunciados al Mandatario es el referente a la contratación de D. Veintimilla como abogado externo.
Según el contrato de prestación de servicios, el profesional debía encargarse de todos los procesos judiciales y por ese trabajo se le debía pagar USD 5 000 mensuales. Andrade, conforme la denuncia de los mismos trabajadores, recomendó a Veintimilla para que preste similares servicios en otras firmas incautadas como Agrícola La Mercedes.
Adicionalmente, en el pedido que hicieron los trabajadores al Mandatario se pide la investigación de cuatro temas:
1) el contrato de un programa radial denominado ‘Línea de fuego’, trasmitida por radio RTU (101.7), para transmitir cuñas publicitarias que nunca salieron;
2) la contratación del ingeniero comercial X. Morales, contratado para realizar una consultoría de estructura organizacional y por cuyo trabajo facturó USD 35 840;
3) el contrato por mantenimiento de generadores eléctricos de las plantas de Guayaquil, Durán y Mapasingue a la compañía Stech, con una facturación de USD 22 512 y que se ha repetido en varias ocasiones;
4) la contratación de un profesional bajo relación de dependencia para que realice el reglamento industrial que nunca se concretó. A todo ello, los empleados pidieron se investigue los sueldos de varias personas que no solo recibían los valores en Maxigraf sino también en otras empresas bajo el paraguas del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad.
El 11 de octubre del 2012 los empleados de Maxigraf se tomaron las instalaciones tras el anuncio de Andrade de dejar el cargo. En su reemplazo llegó a Fernando Arévalo Moscoso.
Entre sus primeras disposiciones prohibió el ingreso de los cuatro trabajadores que firmaron sus renuncias voluntarias, según ellos, bajo presiones de la anterior administración.
Y ofreció resolver la situación de ellos máximo en una semana, algo que incomodó a los aludidos. Stalyn Tutivén, quien fue por 18 años jefe de Bodega y a quien se le pretendía liquidar con USD 6 000, manifestó su desconcierto por ello.