Protegidos por la fuerza pública, los funcionarios de la Empresa Nacional Minera (Enami) empezaron el 8 de mayo la recolección de muestras para la exploración del proyecto minero Llurimagua. Los hacen en las comunidades García Moreno y Peñaherrera, en Íntag, Esto, pese a la protesta de los habitantes de Junín, quienes intentaron bloquear la vía de acceso a la zona, sin éxito.
Según el dirigente Polivio Pérez, aproximadamente 200 uniformados entraron en buses a esta zona de Imbabura. Ellos estaban escoltados por una ambulancia y dos camionetas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), de acuerdo con información de la Coordinadora Zonal de Íntag.
De su lado, la Enami informó que un grupo de técnicos inició con un procedimiento de tomas de muestras de componentes ambientales (agua, aire, flora y fauna) para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental.
La versión oficial asegura que es prioritario impulsar el desarrollo de esta zona a través del aprovechamiento de los recursos naturales, de manera responsable. Pero las versiones de los dirigentes los contradicen y aseguran que hubo forcejeos.
La Enami, a través de su cuenta Twitter, describía el avance de la comisión técnica. A las 15:00 se informó que unas 20 personas y autoridades de Íntag, en calidad de veedores, acompañaron al equipo.
La Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu) declaró que las acciones son parte de un proceso de supuesta criminalización, sobre todo a partir de la captura del dirigente Javier Ramírez, a inicios de abril.
Desde los 90, los moradores, especialmente de Junín (Cotacachi) se oponen a la minería a gran escala, impulsada en su momento por las transnacionales Bishi Metals y Ascendant Cooper, que salieron de la región por las protestas.
A inicios de este año, la Enami -que mantiene un acuerdo con la chilena Codelco- inició un proceso informativo con habitantes de unas 30 comunidades de la parroquia, que dijeron apoyar el proyecto minero que busca la explotación del cobre.
En Íntag hay 70 comunidades y unos 20 000 habitantes, en su mayoría agricultores y pequeños ganaderos.
El Gobierno defiende el proyecto que financiará el desarrollo de la región. Este año se prevé la ejecución de obras por cerca de USD 4 millones para una unidad del milenio y centros de salud, etc.
Autoridades esperan una respuesta de Correa
El entrante prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, y los nuevos alcaldes de Ibarra, Álvaro Castillo; de Otavalo, Gustavo Pareja; de Antonio Ante, Fabián Posso; de Pimampiro, Óscar Narváez; y el asambleísta de Imbabura, Antonio Posso, esperaban una respuesta del presidente Rafael Correa, sobre el proyecto minero Llurimagua.
Mediante una carta el 4 de mayo último, las autoridades de Avanza y sus aliados, expresaron su preocupación “por el creciente grado de conflictividad con la población del área de influencia directa del proyecto minero…”.
Antonio Posso, líder de Avanza en Imbabura, invitó a que se solucione el tema por la vía del diálogo y no se insista en la prisión de la gente.
Mientras tanto, 25 personas, vinculadas a los movimientos sociales de Imbabura, hicieron ayer un plantón frente a la Corte Provincial de Justicia, A través de gritos y carteles exigían la libertad de los presos políticos, en especial de Javier R., un campesino de Íntag, que fue detenido el 10 de abril, acusado de presunto terrorismo y rebelión, por supuestamente haber impedido el paso, junto a otras personas, de técnicos de la Enami que intentaban ingresar a Junín, el 6 de abril pasado .
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Entre los protestantes estaban vecinos de Íntag, ecologistas y militantes del MPD. Ellos cuestionaron el ingreso de la fuerza pública. Según los activistas antimineros, el gobernador Wílmer Taboada encabezó el grupo de policías y técnicos.
En contexto
El área de Íntag es una parroquia de Cotacachi, donde hay recursos minerales, especialmente de cobre. Los intentos de explotación en esta zona comenzaron en los años 90. En ese entonces estuvieron las transnacionales Bishi Metals y Ascendant Cooper.