La Superintendencia de Competencia Económica (SCE) reformó su Código de Ética para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en sus actividades laborales, informó la entidad este 13 de marzo de 2025. Mediante una resolución, el superintendente Hans W. Ehmig Dillon estableció principios y responsabilidades que rigen la integración de estas herramientas tecnológicas en la gestión institucional en Ecuador.
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La nueva normativa permite integrar IA en procesos administrativos
Los servidores de la SCE podrán utilizar la IA de manera complementaria para optimizar los procesos administrativos y mejorar el cumplimiento de sus atribuciones legales. Sin embargo, el uso de estas tecnologías deberá respetar principios fundamentales como transparencia, rendición de cuentas, equidad, inclusión e imparcialidad. Además, se exigirá garantizar la seguridad, la confidencialidad y la reserva de la información procesada.
Asimismo, cada funcionario será responsable de la correcta integración de la IA en su trabajo. Debe asegurar que todas las decisiones sean trazables y que la supervisión humana se mantenga en todo momento, señala la resolución.
La normativa enfatiza que el control humano es indispensable para evitar automatizaciones que puedan generar efectos adversos o incontrolables.
La inteligencia artificial segura para evitar filtraciones
La resolución también establece que toda actividad administrativa relacionada con la IA será confidencial y reservada, lo que evitará accesos no autorizados, filtraciones de información o usos indebidos de datos sensibles.
Además, se prohíbe expresamente la aplicación de IA en procesos que puedan vulnerar derechos fundamentales, comprometer la seguridad de personas u operadores económicos, o generar consecuencias irreversibles sin supervisión humana.
La normativa entra en vigencia de inmediato y marca un hito en la regulación del uso de nuevas tecnologías dentro de la administración pública ecuatoriana. Con esta medida, la SCE busca garantizar un uso responsable y ético de la IA, promoviendo la modernización institucional sin comprometer la integridad de sus procesos.