La Superintendencia de Compañías emitió ayer un comunicado en el que señala las causas que llevaron a este organismo a determinar la disolución y liquidación de la aerolínea Ícaro, mediante una resolución emitida el 31 de agosto pasado.
“Ícaro no ha procedido a aumentar el capital en el monto necesario para restituir las pérdidas, como lo afirma en sus remitidos, ni con recursos de sus actuales accionistas, ni tampoco con inversionistas extranjeros, lo cual determina su liquidación, de conformidad con la Ley de Compañías”, señala el texto.
Guido Saltos, en una entrevista concedida a este Diario, el lunes pasado, enfatizó que la aerolínea “cumplió con todo lo que la Superintendencia requería, como la recapitalización a través de una firma mexicana”.
Los representantes de Ícaro explicaron su posición frente al tema, mediante publicaciones en medios impresos. Uno de ellos se realizó el lunes pasado en el diario La Hora. Allí, Saltos manifiesta “que se han dictado medidas (en contra de Ícaro) con desapego a las normas legales”.
El antecedente de este conflicto se presentó en mayo pasado, cuando la aerolínea pidió a la Superintendencia de Compañías, su disolución por una serie de problemas financieros.
Uno de ellos es con el Servicio de Rentas Internas (SRI), que determinó una glosa de16 millones de dólares por pagar menos impuestos entre el 2004 y el 2005. La autoridad tributaria inició un proceso coactivo e intentó subastar las marcas y lemas de la empresa.
En ese sentido, el organismo de control, aclara que la disolución y liquidación de Ícaro “fue resuelta voluntariamente en su junta de accionistas y fue sometida a la aprobación de la Superintendencia de Compañías”.