La hidroeléctrica Sopladora era uno de los bienes que se debía monetizar en el 2019. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Las cuentas del Presupuesto del Estado cerraron el 2019 con gastos que sobrepasaron a los ingresos por un monto de USD 4 043 millones; esto equivale al 4% del Producto Interno Bruto (PIB). A esa diferencia presupuestaria se le conoce como déficit fiscal.
Cuando el Gobierno presentó el Plan Prosperidad 2018-2021, con las metas económicas y sociales para su gestión, se planteó el objetivo de que el déficit del Presupuesto se redujera en el 2019 y llegara al 3,2% del PIB; es decir, a unos USD 3 200 millones.
El déficit creció un 20% en relación con el 2018, a pesar de que se dieron ajustes que no se habían podido dar en años anteriores, como en el rubro de salarios del sector público.
El Fisco recortó este gasto en USD 154 millones frente al 2018. Otro rubro que bajó fue el destinado a compra de bienes y servicios para el mantenimiento del aparato estatal, como el pago de luz, arriendos, entre otros.
El gasto de salarios seguirá siendo una variable de ajuste durante el 2020 y el 2021. Como parte del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a reducir este egreso en USD 600 millones en esos dos años.
El viceministro de Economía, Esteban Ferro, reconoció que este rubro es uno de los más sensibles, debido a que la mayor parte del monto destinado a sueldos es para seguridad, salud y educación.
Hay dos rubros que pusieron más presión en el gasto público, aunque fueron presupuestados a inicios del año. Uno fue el de pago de intereses de deuda, que se incrementó en USD 314 millones.
El segundo factor fue que el Gobierno tuvo que volver a aportar el 40% para el fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En marzo del 2018, la Corte Constitucional dispuso que a partir del 2019 el Gobierno volviera a entregar estos recursos que se habían dejado de inyectar a la Seguridad Social desde el 2015, cuando se aprobó la Ley de Justicia Laboral.
De ahí que en el 2019 se incrementaron los gastos por ese concepto en alrededor de USD 1 300 millones si se compara con el Presupuesto del 2018.
El Gobierno comenzó a pagar el 40% de aporte al fondo de pensiones del IESS. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
El gasto en obra pública fue uno de los que más se redujo durante el 2019.
Silverio Durán, presidente de la cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), lamenta que ese recorte esté afectando el crecimiento del sector de construcción.
Él detalla que por la desvinculación de los funcionarios públicos hay menos demanda de vivienda; además, acota que las obras públicas están casi paralizadas.
La brecha en el Presupuesto también se explica porque los ingresos percibidos este año estuvieron por debajo de lo estimado inicialmente.
El Gobierno había proyectado monetizar o dar en concesión varios activos estatales al sector privado. Entre ellos, la hidroeléctrica Sopladora, Banco del Pacífico y la empresa de telecomunicaciones CNT.
La estimación del Ministerio de Finanzas era recibir ingresos por unos USD 1 000 millones el año pasado, pero los procesos no se concretaron.
“No haber logrado esos USD 1 000 millones en ingresos que se presupuestaron en el 2019 fue muy sensible, porque ese dinero habría amortiguado sustancialmente el volumen del déficit fiscal”, destaca Ángel Maridueña, analista económico.
Él considera que haber ahorrado cerca de USD 300 millones entre gastos de nómina y de bienes y servicios de consumo para el Estado resultó insuficiente.
En la Proforma del 2020, el Gobierno estimó USD 2 000 millones por monetización de estos activos estatales.
En un contexto de desaceleración económica y menor consumo en los hogares, en el 2019 tampoco se cumplió la meta de recaudación de impuestos esperada.
El Ministerio de Finanzas presupuestó ingresos tributarios por USD 15 223 millones, pero la recaudación estuvo en USD 724,4 millones por debajo de esa meta.
Para el 2020 se espera una mayor recaudación con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria. Esta Ley dispone cobrar una contribución especial a las empresas de acuerdo a su facturación.
Además, se plantea cobrar ICE a las fundas plásticas y los planes de telefonía móvil y gravar con IVA el uso de las plataformas digitales. Esta y las otras reformas dejarían USD 600 millones al Fisco.
En el marco del acuerdo económico con el FMI, el Gobierno se comprometió a poner en orden las cuentas para ir reduciendo las necesidades de endeudamiento hasta el 2021.
En 2019, Finanzas tuvo que recurrir a más financiamiento del proyectado inicialmente. Lo esperado eran USD 8 148 millones, pero se recibieron USD 9 926 millones.