Hasta las 16:00 de ayer, la notificación del fallo del Juzgado Quinto de Tránsito no llegaba a la Administración Zonal del Municipio. El administrador Oswaldo Granda no sabía cuáles eran los criterios técnicos que motivaron el fallo del Juzgado de Tránsito, que permitió la reapertura del local. En su opinión, la ruptura de los sellos de clausura municipal fue ilegal, porque el único que puede retirar es el comisario zonal. En el expediente del caso, que lo sigue la Administración Zonal Eugenio Espejo, aún no consta el permiso de habitabilidad. Ese es un requisito anterior a la obtención del permiso de funcionamiento de cualquier negocio. Este documento no fue otorgado por el Municipio en base de un informe que detalla, en 15 páginas, una serie de incumplimientos a las normativas municipales. Granda las resume en problemas de seguridad, movilidad y contaminación ambiental. “Los administradores del negocio no se sometieron al proceso de legalización municipal, para la operación de las salas”. En el expediente del caso consta un acta de compromiso firmada por los representantes de la Corporación El Rosado. En el documento, los administradores se comprometieron a presentar planos para la rectificación de las observaciones a la infraestructura, también un plan de mitigación de impacto en la movilidad y un compromiso de compra o alquiler de terrenos aledaños para mejorar la accesibilidad al complejo. Según Granda, los plazos se vencieron y ninguno de estos compromisos fue cumplido, lo que motivó el cierre de este negocio. “El Municipio impugnará al fallo judicial”.