La superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, confirmó la operación de una presunta red de captación ilegal de recursos, en la que participaron dos ex funcionarios de la entidad. Ese caso fue revelado por este Diario el domingo último.
A través de un comunicado, Sabando informó que el caso fue conocido el pasado 26 de febrero de 2010, mediante una denuncia de una institución financiera. “De inmediato -agrega Sabando- dispuse una rigurosa investigación y, en menos de un mes ,el 23 de marzo de 2010, sus resultados fueron remitidos a conocimiento de la Fiscalía General del Estado.
Están involucrados los funcionarios John D.V. y Marcelo F., quienes, según la investigación interna, realizaron convenios con la cooperativa Cotocollao, agencia Centro, para facilitar la entrega de créditos a empleados de las empresas Biodiesel y Maderazzi. Ambas firmas tenían direcciones falsas y registraban como número telefónico el de la Superintendencia de Bancos.
En lugar de depositarse en las cuentas de los supuestos empleados de las compañías, más de USD 1,2 millones de créditos ingresaron a las cuentas de los empleados de la SBS, que fueron destituidos el mes pasado. Los depósitos fueron autorizados por las autoridades de la misma Cooperativa Cotocollao.
Según Sabando, una funcionaria de esta institución conoció del caso hacia inicios de 2009, “sin haberlo comunicado a las autoridades de la Superintendencia de Bancos y Seguros para que tomen las acciones correspondientes”.
“En consecuencia, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, dispuse el sumario administrativo, que concluyó en la suspensión durante un mes, sin perjuicio de las acciones legales que pueda impulsar la Fiscalía”.
Luego de recibir los informes de la SBS, la Fiscalía abrió cuatro indagaciones por supuesta captación ilegal de dinero, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y peculado bancario. Los investigadores tratan de establecer si existe algún vínculo de esas operaciones con otras actividades ilícitas.
Mientras, en la SBS también se trata de determinar si otros funcionarios están implicados o fueron estafados en este caso, pues entregaron dinero a los empleados destituidos. La Ley prohíbe a los empleados de esa entidad de control acceder a créditos sin autorización de sus superiores.