Richard Espinoza acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, de la Asamblea Nacional, para brindar un informe sobre la venta del Hotel Quito. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO
Los actuales trabajadores del Hotel Quito no serán despedidos tras la venta de este predio a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC) por USD 30 millones. Así lo explicó Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a los miembros de la Comisión Especial Permanente de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea Nacional, la tarde de este 17 de mayo.
La estabilidad laboral de los 250 empleados fue uno de los primeros puntos que se trató previo a la venta. La seguridad de los trabajadores es parte de la administración “moderna” que busca precautelar el interés de estas personas, dijo Espinosa. Además, ahora se podrán beneficiar de utilidades y podrían empezar a negociar un nuevo contrato colectivo con la empresa china si así lo quisieran.
CRBC entregó hoy USD 1 millón por la compra del Hotel Quito y se espera que el pago termine en tres meses. El interés que se está cobrando hasta que se cumpla con el monto acordado es una tasa activa del 8%.
Espinosa recordó que para establecer el precio de este bien tuvieron la valoración de un perito aprobado por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías y la valoración de la Price Waterhouse Cooper. Hay que tomar en cuenta que una zona del terreno corresponde a la parte patrimonial que no se puede modificar. El metro fue considerado en un inicio por el perito en USD 2 001. También negó las acusaciones contra la empresa china.
El dinero recibido se invertirá principalmente en créditos hipotecarios. Los USD 30 millones representan USD 2 millones anuales de ganancias para los afiliados, dijo el presidente del Consejo Directivo del IESS, por lo que representa “el mejor negocio” en comparación con lo que generaba el hotel.
En relación con otros bienes que están en uso por el IESS, Espinosa explicó que los seguirán utilizando como unidades médicas y administrativas. Existen otros terrenos en los cuales se quiere ejecutar un desarrollo inmobiliario formando una sociedad con riesgo compartido con el sector privado. Mientras que las oficinas que no se están usando sí podrían ser puestas a subasta.
La asambleísta Cristina Reyes, en su intervención, argumentó que es una persona “escéptica” ante el proceso de compra venta y pidió que Espinosa entregue los documentos de todo lo procedimiento de subasta pública y que se especifique quiénes fueron los oferentes y el avalúo comercial no solo del perito, sino también del Municipio de Quito.
Según Reyes, así se aseguraría la transparencia del proceso y de que el monto será invertido en beneficio de los afiliados.