Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Foto: EL COMERCIO
Entrevista a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas
Tras las protestas, el Gobierno terminó dialogando con un solo grupo para focalizar los subsidios a los combustibles y ahora amplió el debate a más sectores. ¿Por qué no se topó el tema en el Diálogo Nacional convocado en abril?
Estaba en la agenda de abril, pero el Gobierno estaba analizando varias opciones. Al final se optó por el tema de subsidios. Ahora hay que ver hacia adelante. Lo importante es que tenemos este espacio de diálogo y hay cosas positivas.
¿Cuáles?
Se está dialogando abiertamente sobre subsidios, que antes era un tabú. Segundo, más allá de que las personas estén de acuerdo con el retiro del subsidio, es positivo que estén conscientes de que existe y del sacrificio que implica para el Estado. Tercero, hay un consenso de que el combustible no puede ser contrabandeado, porque el perjuicio es enorme. Por ejemplo, un camión que carga 10 000 galones de combustible y cruza a Colombia para venderlo en un precio superior tiene una ganancia de más de USD 14 000 en un solo viaje. Un cuarto consenso es que todos queremos que los subsidios tengan un concepto de justicia con los más pobres, ya que -como hoy están- benefician más a los que más tienen. Y, hay consenso en que no queremos que el combustible financie al narcotráfico. Se estima que el combustible pesa 30% en el costo de producción de alcaloides y, por eso, a estos grupos les interesa tener derivados baratos. El nivel de violencia visto evidenció que se estaban tocando intereses oscuros.
La Conaie pide ampliar el diálogo a otros temas.
La Conaie ha intentado eso, pero el acuerdo fue por el tema de derivados y sobre eso específico vamos a dialogar.
¿Cómo será ese diálogo?
Nos hemos reunido con 60 organizaciones sociales, indígenas, sindicales y otros, para escuchar sus valoraciones. El diálogo estará abierto a todos y la próxima semana vamos a sistematizar los comentarios.
El Ministro de Energía habló de eliminar el subsidio en la extra y ecopaís, y focalizar el diésel.
Seguramente es uno de los escenarios, pero lo prudente es esperar a que el diálogo avance, escuchar y hacer la evaluación del impacto fiscal.
¿Qué se ha avanzado en el tema del Decreto?
En ciertos conceptos. El primero es segmentar el tipo de combustible. El diésel tiene una incidencia en toda la cadena de valor productiva. En el caso de la gasolina está vinculada principalmente a personas que tienen autos y no siempre a personas de bajo ingreso. Luego viene el tema de la ruralidad, donde el tema de derivados es importante.
El FMI espera el nuevo decreto para hacer los desembolsos. ¿Eso inyecta presión en los plazos?
No podemos acelerar una decisión por la posición del FMI. La decisión debe ser bien trabajada y dialogada.
¿Cómo queda el acuerdo con el FMI tras la marcha atrás en el tema de subsidios a los combustibles?
Debemos terminar el nuevo decreto y, sobre esa base, hay que sentarse con el Fondo de manera formal para calibrar nuevamente el acuerdo.
¿Qué se renegociará?
Es prematuro poner números, pero vamos a tener que ver las metas de consolidación fiscal para el 2020 (ingresos, déficit, etc.). Este momento lo importante es tener el decreto. Tenemos que encontrar un punto con el Fondo para mantener el acuerdo, con una realidad diferente en términos cuantitativos, pero que en términos cualitativos se mantiene: bajar la deuda, tener un marco institucional adecuado, garantizar la autonomía del Central. La reforma tributaria es importante y ayuda a la corrección fiscal, porque suma USD 700 millones.
¿Cómo quedan la economía y las finanzas públicas hasta fin de año?
Vamos a terminar en los indicadores que teníamos más o menos previstos: un déficit del sector público no financiero para 2019 de USD 292 millones y del Presupuesto de 3 800 millones. En términos de crecimiento, el efecto de los últimos días (de paro) aún hay que incorporarlo a las previsiones. Hasta el segundo trimestre estábamos empezando a ver leves mejoras en las cifras de empleo y una reducción en la pobreza extrema. Al margen de los hechos de las últimas semanas, este año empezamos a corregir varios desequilibrios estructurales: las reservas están mejorado, el déficit está estable (…). Se va a cerrar un año con más estabilidad.
Las cifras de desempleo muestran un deterioro.
Si se analiza la data de junio y septiembre como tendencia se ve una leve recuperación. Hay que hacer un esfuerzo por mejorar más, y para eso está la reforma laboral.
¿Cuánto queda por financiar y cómo se hará?
Están financiados USD 8 075 millones y faltan 1 800 millones. Tenemos algunas operaciones, falta lo del FMI, un par de operaciones con el BID, etc.
¿Cómo cambió el escenario económico para 2020?
Es mucho más adverso que el 2019. Está terminando el ‘boom’ en EE.UU., que es nuestro principal socio comercial; la economía mundial se contrae, la tensión entre EE.UU. y China también nos afecta. En el caso de Ecuador tenemos que lograr estructurar un presupuesto que se ajuste a la nueva realidad, donde no vamos a contar con los USD 1 400 millones previstos por la eliminación de subsidios y que va a hacer que necesitemos más financiamiento, más deuda.
¿La reforma laboral se enviará este año?
Esperaríamos que sí. Esa reforma se dialogó desde abril y abriremos una fase final de diálogo para garantizar que no exista desinformación. Vemos con sorpresa que sindicatos anuncian un paro para el 30 de octubre. Nosotros le llamamos el paro “del por si acaso”, porque se invita al diálogo y se anuncia paro. Es momento de ponernos del lado de las personas que no acceden a trabajo, los sindicatos tienen que escuchar a esas personas.
Experiencia. Fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), entre otros cargos.
Formación. Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; cuenta con un MBA en IDE Business School.
Punto de vista. Se ha abierto un debate con la ciudadanía sobre los subsidios a los combustibles, que eran un tema tabú. Considera que hay consenso en que no se puede seguir beneficiando con esta ayuda a contrabandistas, al narcotráfico o a los que más ingreso tienen.