La asambleísta Nivea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, informó ayer que los asambleístas del bloque de Alianza País negaron la moción para la revisión del decreto presidencial 813, que viabiliza la compra obligatoria de renuncias en el sector público.
Según Vélez, la Comisión presentó un proyecto de resolución ante el Pleno de la Asamblea, rechazando el contenido de dicho decreto por atentar contra el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, lo cual lo convierte en una norma inconstitucional.
Además, pidió al presidente Rafael Correa que reforme el Decreto, eliminando la figura de “compras de renuncias obligatoria”.
En este sentido, solicitó el cambio del orden del día en la sesión del Pleno de la Asamblea que se llevó a cabo la mañana de ayer.
Sin embargo, dijo, el bloque de Alianza País “obstaculizó un legítimo proceso”. Los servidores públicos prevén demandar la inconstitucionalidad del Decreto.