A la hora de buscar responsables y explicaciones de las polémicas resoluciones de la Junta Bancaria, las miradas apuntan a una persona: Gloria Sabando, quien preside la entidad en su calidad de Superintendenta de Bancos.
Su figura cobra mayor relevancia cuando tras sus actuaciones están temas que la opinión pública considera sensibles.
Ese es el caso de la Resolución JB-2010-1779 de la Junta Bancaria, que tiene como objetivo viabilizar la aplicación de uno de los principios constitucionales que más promocionaron las huestes oficialistas en el proceso constituyente de Montecristi: el fin de la relación entre banqueros y los medios de comunicación social.
En medio de total hermetismo, Sabando dirigió el 12 de agosto la sesión en que la Junta Bancaria resolvió regular el artículo 312 de la Constitución Política.
Esa regulación del organismo -que a más de Sabando está integrado por otros cuatro vocales que también dependen del presidente Rafael Correa- ha levantado más de una crítica y suspicacia.
Sobre todo, porque en ella se han colocado porcentajes para que se ejecute el mandato constitucional de que el sistema financiero y sus accionistas no pueden tener ningún tipo de influencia y control en los medios masivos.
“La prohibición contemplada en el segundo inciso del artículo 312 de la Constitución de la República abarca a entidades o grupos financieros, sus representantes legales (…) que ejerzan el control en el capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, cuando su participación sea del 25% ó más”.
Esa es la norma de la Resolución JB-2010-1779 que más cola ha traído y que, recién se conoció en días pasados, al ser divulgada por los medios de comunicación.
Y han sido varios de los propios mentores de la Constituyente de Montecristi quienes han levantado su voz de molestia. Consideran que la Junta Bancaria se excedió en sus funciones, al supuestamente alterar el espíritu de la prohibición constitucional, que plantea romper de tajo la relación entre banca privada y medios.
“La resolución de marras permite que los bancos y accionistas puedan tener acciones hasta por un 24,99%, cuando el sentido de la disposición constitucional es que no tengan ningún tipo de participación en el control de los medios de comunicación”, señalaron en un remitido el Grupo de Deuda. Entre sus miembros figuran nombres como los de Alberto Acosta, ex titular de la Constituyente, así como de Hugo Arias, quien fue miembro de la cuestionada Junta Bancaria.
Incluso, los integrantes del Grupo de Deuda han llegado a esbozar el escenario de una posible alianza entre dos o más banqueros para tener, en conjunto, el manejo del 50% o más del paquete accionario de un medio.
“Esta Resolución de la Junta Bancaria constituye una interpretación antojadiza de la Constitución a favor de las tesis de los banqueros, en contra del sentido mismo de la Constitución y de la posición que ha tenido el presidente Rafael Correa”. Esa es la conclusión de Acosta y Arias, quienes prefieren no opinar sobre la influencia que tiene la superintendenta Sabando en las resoluciones de la Junta Bancaria.
Ante ese escenario de cuestionamientos y en su ya habitual estilo de no explicar sus actuaciones, la funcionaria no ha salido ante la opinión pública a justificar o argumentar la actuación de la entidad en este asunto.
Aunque ya han pasado casi dos semanas desde que el tema salió a la luz, nadie desde el oficialismo se ha hecho cargo del tema, bajo el argumento que la única vocera oficial es Sabando en su calidad de titular de la Junta Bancaria.
Esta semana la funcionaria privilegió en su agenda una actividad de carácter internacional, al participar en la Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios, celebrado en Singapur.
El arribo de Sabando a Quito estaba programado para ayer. Sin embargo, su equipo de asesores anticipó que en este fin de semana tampoco habrá ningún pronunciamiento oficial del alcance de la Resolución de la Junta.
La única respuesta extraoficial desde el seno de la Superintendencia de Bancos es que el texto para aplicar la norma constitucional no significa una arrogación de funciones. Incluso que el tema ha sido trabajado con otras entidades del Estado que están involucradas en la temática y que solo se está viabilizando el art. 312.
Ante la falta de esa explicación oficial, algunos articulistas como Eduardo Carmigniani han tratado de explicar esa Resolución y determinar el origen del 25%. Pero en la práctica no hay certezas desde el Gobierno, mientras se acerca el 20 de octubre para que la banca se separe de los medios.
¿Por qué razón está aquí?
Ella dirigió la sesión de la Junta Bancaria, en la que se reguló el artículo 312 de la Constitución. El organismo decidió que solo los banqueros que tengan más del 25% de acciones en un medio deben venderlas.
¿Quién es?
Ex gerenta de la AGD y Superintendenta desde 2007. El asamblea Rolando Panchana impulsa un juicio político contra ella por aparentes irregularidades en la liquidación de entidades financieras cerradas.
Lo que hizo
Aunque es la titular de la Junta Bancaria, no ha dado explicaciones sobre el origen del 25% como monto máximo para que entidades financieras puedan conservar sus participaciones en medios de comunicación.