29 de October de 2011 00:01

Remezón laboral en el sector público

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En horas de la mañana de ayer fueron notificados con la compra de renuncias obligatorias Tenían media hora para recoger sus cosas y dejar sus puestos de trabajo.

Así, empleados del Ministerio de Relaciones Laborales imprimieron el acelerador para dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo 813, firmado por el Presidente de la República el pasado 7 de julio y que reformó la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

El documento presidencial, en su artículo 8, incluyó la compra de renuncias obligatorias con indemnización para los burócratas.

Esa normativa fue la que se aplicó la mañana de ayer en el Ministerio de Relaciones Laborales. A 150 empleados, todos con nombramiento, se les notificó en horas de la mañana que debían acogerse inmediatamente a la compra de renuncias obligatorias.

“La mayoría son personas que han trabajado 10 y 20 años en la institución. Recibí la notificación y firmé. Nos dijeron que la indemnización nos pagarían entre hoy y el lunes”, señaló un empleado que prefirió que su nombre se mantenga en reserva.

La norma establece que la indemnización será de cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio. El monto máximo es de 150 sueldos, en efectivo.

El pasado 5 de agosto, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, dijo a este Diario que la previsión del Régimen era que 3 866 burócratas debían salir hasta fines de 2011, aplicando el Decreto 813. Y que el promedio de indemnización era de USD 30 000 por trabajador.

Esta oferta monetaria no convence a varios trabajadores, principalmente del sector Salud, quienes prefirieron no firmar el documento. Les molestó la forma como se les entregó la notificación para salir de sus puestos.

Patricia Gavilánez, presidenta de la Federación de Enfermeras y empleada del hospital Baca Ortiz, comentó que el proceso incluyó la presencia de notificadores del Ministerio de Relaciones Laborales, así como también miembros de la Policía. Ellos custodiaban los hospitales (también los ministerios de Salud, Vivienda, etc.) para evitar incidentes por parte de servidores públicos.

Los profesionales del Hospital Eugenio Espejo hablaban ayer de 1 500 servidores públicos despedidos en el área de Salud en todo el país, y de 4 000 en todas las instituciones públicas. Estas renuncias estaban enmarcadas en el Decreto 813. Solo de la planta central del Ministerio en Quito salieron ayer 68 funcionarios.

Gavilánez dijo que están despidiendo a los líderes gremiales. En Loja, por ejemplo, sacaron a la presidenta del Colegio de Enfermeras. En el Baca Ortiz esperan que los funcionarios de Relaciones Laborales vuelvan el lunes.

En el Hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito, cerca de 150 personas, entre médicos y personal administrativo, también fueron despedidos. Desde la mañana, hasta las 16:30, médicos, estudiantes de Medicina e internos protestaron en las instalaciones de este centro de salud para exigir explicaciones por las compras de renuncias obligatorias.

Los despidos no fueron el único problema en este hospital. Un médico docente que lleva 38 años laborando en esta entidad, quien prefirió ocultar su nombre por temor a represalias, contó que ayer en la mañana le notificaron que no podía seguir dando clases en el hospital. Confesó que aún no sabe cómo se organizará para continuar con su labor de docencia sin que interfiera con sus ocho horas obligatorias en este sitio.

Ericka, estudiante de Medicina y alumna de este profesor, mostró su preocupación por la incertidumbre de sus futuras clases. “Están despidiendo a los médicos que llevan más años acá, que tienen más experiencia. ¿Y ahora en manos de quién nos dejarán, de recién graduados? Además, dicen que no podemos recibir clases acá. ¿Cómo aprenderemos?”.

Este tema y las compras de renuncias obligatorias se tratarán en una asamblea de trabajadores públicos que se organizará la próxima semana. Allí también se definirá un documento base para que los trabajadores retirados de sus cargos presenten de forma individual acciones de protección ante la Corte Constitucional.

“Solo hoy (ayer) fueron aproximadamente 1 000 trabajadores que salieron. Para este lunes se prevé que sean más. La idea del Gobierno es que todas las personas que deben salir, que son como 3 000, ya no estén en la nómina de noviembre”, dijo Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos.

García explicó que el Gobierno no debía aplicar esta medida porque ellos interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional por los vacíos del Decreto 813. Los magistrados ya conocieron la causa, aseguró García, quien añadió que hasta emitir una resolución no es posible imponer las renuncias obligatorias.

Silencio oficial

El Ministerio de Relaciones Laborales  o no quiso pronunciarse sobre la medida. Dijeron que ofrecerán entrevistas el próximo lunes.

El asambleísta por  el Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala,  calificó de ilegal los despidos.  

En el Registro Civil la  notificación se hizo el viernes pasado. Allí se les entregó a los trabajadores un documento en el que se establece que  voluntariamente se acogen al mecanismo.

El Gobierno busca la  compra de renuncias obligatorias   desde el 2010

02/07/2009
El presidente Rafael Correa remitió a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público. El texto pasó a la Comisión de los  Trabajadores para su análisis.   

29/09/2011
La Losep es aprobada en medio de incidentes. Los legisladores no aceptaron la propuesta de compra de renuncias obligatorias.

Noviembre 2010
En este mes empezó la desvinculación de servidores públicos que tengan más de 70 años.  Se analizaba cómo aplicar  la compra de renuncias obligatorias.  

07/07/2011
Se emite el Decreto 813 que establece la compra de renuncias obligatorias. Despiden a empleados  de M. Finanzas  y la Corporación de Telecomunicaciones.
 
28/10/2011
El Gobierno inicia la aplicación del Decreto 813 en entidades de la función Ejecutiva y Judicial. Se ofrece el pago de las indemnizaciones para  el lunes 31.

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