Régimen vetó dos puntos de la Ley hipotecaria y de vehículos

El Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de Ley para la Regulación de los Créditos para la Vivienda y Vehículos.

El pasado 9 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó la normativa mediante la cual quienes no puedan pagar un crédito hipotecario o, uno para la compra de un vehículo, saldarán su deuda devolviendo el bien al acreedor. Este no podrá embargar otros bienes.

La Ley también incluyó, dentro de la disposición general quinta, la obligatoriedad para que la cartera de crédito hipotecario de los entes financieros sea al menos del 5% del patrimonio técnico.

Este planteamiento fue vetado por el Ejecutivo, quien pidió que en vez del texto aprobado se establezca que el organismo de regulación de las entidades del sistema financiero nacional será quien fije de forma anual el porcentaje de las operaciones hipotecarias obligatorias que cada entidad tendrá con relación a su patrimonio técnico constituido.

La explicación que dio el presidente Rafael Correa para objetar este artículo fue que varias entidades financieras incumplen con esta disposición por tener mercados distintos o porque han ganado experiencia en la intervención en otros mercados económicos.

Este Diario intentó contactarse con los representantes del sector bancario, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Precisamente, a los banqueros les sorprendió la aprobación de este artículo el pasado 9 de mayo.

“Nunca en la historia se ha dado una normativa de esta naturaleza. Cada institución destina un porcentaje, según sus particulares características, para los créditos de vivienda. Se debe analizar el alcance de la norma y calcular qué impacto tendrá para el sistema”, insistió Robalino en esa fecha.

Asimismo, el Ejecutivo presentó una segunda objeción al proyecto de Ley de Hipotecas, que tiene que ver con la sección quinta del Código de Comercio, específicamente con lo que se refiere a los embargos de los bienes.

El pedido desde varios sectores para que los autos no se incluyan en esta Ley no procedió. Por tanto, ahora la Asamblea deberá decidir si acepta las objeciones realizadas desde el Ejecutivo.

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