El Régimen abrió ayer la posibilidad de revisar los despidos en el sector público, sin determinar aún cuál sería el proceso.
El presidente Rafael Correa indicó, durante la ceremonia de cambios de ministros, que de haber existido equivocaciones en el proceso de separación de funcionarios se podría rectificar.
La ministra coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz, indicó que el Ministerio de Relaciones Laborales tramitará“cualquier observación” de las separaciones en las que se pudo haber cometido errores.
“Vamos a recibir el caso y a estudiarlo. Y rectificar si hay tal (un error)”, explicó la funcionaria, quien añadió que los servidores públicos podrían ser reintegrados de comprobarse el hecho, devolviendo la indemnización.
Aclaró, no obstante, que el Régimen está convencido que, en la mayoría de los casos, los despidos se realizaron de manera justa.
El antecedente inmediato de este tipo de ‘rectificaciones’ en el actual Gobierno es el caso Gaspetsa en Petroecuador.
El año pasado, el entonces gerente de la petrolera estatal, Manuel Zapater, pidió que se inicie un proceso de visto bueno contra 628 trabajadores por un supuesto conflicto de intereses al tener acciones en Gaspetsa.
Esta compañía había firmado un contrato con Petrocomercial en el 2005 para proveerle de gasolina de pesca artesanal.
Como producto del proceso de vistos buenos, 550 trabajadores de Petroecuador fueron separados sin recibir indemnización.
Luego de varios meses, y ante la presentación de pruebas que impugnaban la sanción, el gerente actual de Petroecuador, Marco Calvopiña, decidió revisar los casos y firmó más de 300 actas transaccionales para que regresen el mismo número de trabajadores.
A cambio, los empleados renunciaron a todo tipo de reclamo o demanda. No se borró su visto bueno ni hubo alguna reivindicación de su honra por las acusaciones de corrupción que el Gobierno hizo en su contra.
De ese caso aún quedan cerca de 150 trabajadores que presentaron una acción de protección en Esmeraldas y que recibieron tres sentencias a favor para ser reintegrados e indemnizados, lo cual aún no ha sucedido.
En los servidores públicos separados hace dos semanas se mezcla el escepticismo y la esperanza ante el anuncio del Régimen.
Marielena Rojas, médica que pertenecía a la Secretaría de Protección Social del Ministerio de Salud, cree que es justa la revisión de destitución.
Luego de haber trabajado en la entidad durante 30 años y no tener un solo llamado de atención en su hoja de vida, insiste en que no tiene sustento su despido.
Para el presidente de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (Fetralpi), Mario Morales, todos los trabajadores deberían ser reintegrados ya que sostiene que la figura de renuncia voluntaria es “ilegal”. Mencionó que no ha habido un diálogo sobre el anuncio de revisión del Gobierno y continuarán con las demandas contra el Estado por los despidos.
Otras acciones
Para la próxima semana la Federación de Trabajadores Libres (Fetralpi) prepara nuevas movilizaciones contra los despidos de servidores públicos.
La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea convocó para el 16 de noviembre a los ministros de Justicia, Salud y Relaciones Laborales para que sustenten los despidos masivos.
El Gobierno separó en las últimas semanas a 2 700 empleados.