La Junta de Regulación Política y Regulación Monetaria y Financiera realizó las reformas para la gestión del dinero electrónico. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Junta de Regulación Política y Regulación Monetaria y Financiera realizó las reformas para la gestión del dinero electrónico. El organismo publicó ayer, jueves 7 de julio del 2016, cuatro resoluciones para regular nuevos usos, tarifas para las transacciones y subsidios para entidades financieras que quieran implementar el sistema, entre otros aspectos.
Por ejemplo, una de las resoluciones anuncia que se podrán recibir transacciones desde el exterior en cuentas de dinero electrónico. Las empresas que prestan el servicio de transferencia de dinero desde el exterior “podrán emplear el Sistema de Dinero Electrónico para remesar dinero desde el exterior, previa solicitud de sus clientes, a una cuenta de dinero electrónico de persona natural en el territorio ecuatoriano”, señala la resolución.
También se oficializa la simplificación del trámite para abrir una cuenta, “a través de un registro en la página web o un dispositivo móvil”.
En el caso del tarifario, los montos suben entre USD 0,01 y 0,20, en algunos servicios que incluyen descargas de dinero electrónico, transferencias de personas del sistema financiero, etc. Por ejemplo, a partir de la quinta descarga de dinero físico en un centro de transacción de una cuenta de dinero electrónico el costo será de USD 0,05 y la tarifa sube de acuerdo al monto descargado. Mientras que las transferencias entre USD 1 y 9 000 pagarán USD 0,25.
En la resolución 260-2016-M, se establece que se subsidiará a las empresas financieras, en una sola ocasión por el plazo de un año, el costo de instalación de banca móvil, vía web, aplicaciones de teléfonos celulares o Servicio Suplementario de Datos no Estructurado (USSD), que se conecten a la plataforma de dinero electrónico del Banco Central del Ecuador (BCE).
Pero este artículo tiene sus excepciones: no aplican entidades que registran activos por más de USD 1 000 millones. El subsidio máximo será de USD 45 000 por concepto de instalación de los sistemas.
También se establecen normas para evitar el lavado de activos a través de dinero electrónico, solicitando cierta información de los usuarios, tanto de personas jurídicas como naturales.
