¿Reforma tributaria o Ley de Mercado de Valores? El Régimen continúa sin definir cuál de estos dos proyectos enviará a la Asamblea para su tratamiento económico urgente.
En principio, el paquete de impuestos era prioritario para el Gobierno, cuando apenas iniciado el año descubrió una crisis en el sector de la Salud, que requería USD 406 millones.
Sin embargo, ese paquete ha quedado repetidamente aplazado. Y hasta ayer, pese a que ya ha transcurrido una semana desde el anuncio oficial de que se la remitiría, la reforma no ha llegado al órgano legislativo.
Tanto como ha sido prorrogado, el paquete de impuestos también ha cambiado de forma. Incluso, de último momento, la semana pasada, el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, anunció la inclusión de cambios en la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
La propuesta es aumentar el impuesto del 2% al 5, algo que ha generado malestar en el sector privado, porque encarecerá los procesos de producción.
A esto se suma ya los conocidos impuestos a los vehículos, a las botellas plásticas, a las tierras rurales, a la producción bananera y el incremento del ICE a las bebidas alcohólicas y cigarrillos.
Pero mientras el SRI impulsa este proyecto, la ministra Coordinadora de la Política Económica, Katiuska King, también realiza por su lado su promoción de la Ley de Mercado de Valores. Incluso, la semana pasada, publicó en la página web de su Cartera de Estado, el borrador definitivo de este proyecto.
En este escenario, el Gobierno tiene al tiempo como principal adversario. Hasta el viernes 28 de octubre deberá remitir obligatoriamente a la Asamblea la Pro forma presupuestaria del 2012, lo cual le pone en la
disyuntiva de cuál de los proyectos deberá priorizar.
La fórmula, según personas cercanas al Ministerio de Finanzas, es que el Gobierno podría enviar en conjunto la Pro forma y el paquete tributario. Con ello, estaría incluyendo como parte de las fuentes de financiamiento del Presupuesto, precisamente, a los nuevos impuestos que entrarían en vigencia en enero.