El ministro Richard Martínez presentó el proyecto de Ley a las bancadas legislativas. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
El Ejecutivo envió anoche una nueva propuesta de ley económica urgente a la Asamblea Nacional. En esta se plantean medidas como gravar con IVA a las plataformas de servicios tecnológicos, imponer ICE a los planes de telefonía móvil, cobrar una contribución a empresas durante tres años, entre otras.
Entre otros beneficios del proyecto está la condonación de intereses para 9 000 jóvenes que tienen créditos educativos. Esto también aplicará para sus garantes solidarios. Asimismo, se elimina el anticipo para el refinanciamiento de deudas. Es decir, la gente ya no tendrá que pagar el 20%, previo al establecimiento de convenios de pago con instituciones como el IESS, SRI, la banca pública, entre otras.
También se establecerá el 0% de IVA para las tiras reactivas de medición de glucosa, las bombas de insulina y marcapasos. De otro lado, los ciudadanos que mantengan deudas pendientes tendrán 120 días para pagarlas para que su historial crediticio quede limpio.
“La propuesta legal fortalece los principios de progresividad, eficiencia y simplicidad administrativa en materia tributaria: a mayor ingreso, mayor aporte y mayor solidaridad. Por ello se propone una contribución única para sociedades con ingresos gravados mayores a USD 1 millón”, precisó la Secom.
Es una iniciativa con la que el Fisco esperaba USD 600 millones en ingresos, que permitan reducir la brecha en el Presupuesto del 2020 y así reducir las necesidades de endeudamiento. El próximo año será complejo, pues el Gobierno deberá conseguir financiamiento por USD 6 665 millones; un 21% de ese monto corresponde al préstamo del Fondo Monetario Internacional, que se hará efectivo solo si el Gobierno logra renegociar los objetivos pactados con el ente que no ha podido cumplir.
Entre las metas acordadas con el Fondo están incrementar los ingresos tributarios, reducir el gasto en salarios y el de subsidios a los combustibles.
Este escenario genera dudas sobre el futuro económico del país y sobre su capacidad de pagar las deudas adquiridas en los mercados internacionales.
El indicador de riesgo país -que mide las probabilidades de que un país caiga en mora en sus obligaciones crediticias- comenzó a escalar desde octubre pasado, cuando el Ejecutivo intentó eliminar los subsidios a los combustibles, pero tuvo que dar marcha atrás por las protestas.
Mientras más alto es este indicador más riesgoso es considerado el país y, por ende, conseguir financiamiento en los mercados resulta más caro, pues tendría que pagar una tasa de interés más alta.
El 17 de octubre, el riesgo país de Ecuador llegó a 823 puntos. y esta semana, luego de que la Asamblea archivara el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, el indicador se disparó a su nivel más alto desde el 2016. Ayer llegó a 1 418 puntos; esto significa que el país tendría que pagar una tasa de interés de 16% si decide buscar financiamiento a través de emisión de bonos estatales.
La última vez que Ecuador emitió estos papeles, en septiembre pasado, pagó un interés de entre 7,8 y 9,5%.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló que actualmente sería “inviable e irresponsable” emitir deuda en los mercados. Por ello, añadió que el Gobierno se enfocará en no perder la ayuda económica acordada con el FMI y otros seis multilaterales.
José Xavier Orellana, socio de BizBroker, considera que es importante tener más ingresos por impuestos, pero explica que más allá del monto que el Gobierno logre recaudar, los mercados internacionales necesitan certezas sobre la intención del Gobierno de poner en orden las finanzas públicas y la voluntad y capacidad de pagar sus deudas a futuro.
Si el riesgo país de Ecuador continúa alto, en los próximos años será difícil optar por refinanciar vencimientos, como sucedió en junio, cuando Ecuador recompró bonos que estaban por vencer en el 2020.
“Los inversionistas están preocupados porque las mayores obligaciones de deuda de Ecuador se vencen cuando el actual Gobierno termine su mandato; otro factor que preocupa es la reducción de la producción petrolera”, indicó el socio BizBroker.
Con las fuentes de financiamiento más restringidas, la consultora inglesa Barclays menciona que el país podría volver a las preventas de crudo. La firma explica que hay dos líneas de preventas que ya se han pagado casi en su totalidad, por lo que habría espacio para renovarlas y obtener unos USD 4 000 millones.
Martínez mencionó que el Gobierno trabaja en mejorar las condiciones de la deuda con China. La idea es“encontrar un nuevo equilibrio” con ese país.