Los costos por renocación y reposición de tarjetas de crédito fue modificado para este 2017. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
Desde el primer día de este año 14 servicios bancarios bajaron de costo. Entre otros están la emisión o renovación de plástico de la tarjeta de crédito, la renovación del servicio anual de tarjeta de débito con chip, la emisión de formularios de cheques, la emisión de referencias bancarias, reposición de tarjeta por pérdida o robo.
La reducción de los costos se estableció en la resolución 305-2016-F de la Junta de Regulación Monetaria, emitida el 24 de noviembre del 2016.
La resolución señala que el Código Monetario faculta a la Junta de Regulación Monetaria para establecer los cargos por los servicios que presten las entidades financieras, así como establecer el límite máximo de costos y comisiones que se puedan pactar por el uso del servicio de cobro con tarjeta de crédito y débito.
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También señala que las personas naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada calidad, así como una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.
En noviembre, cuando se hizo pública la resolución y su contenido se generaron reacciones. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) cuestionó la decisión de bajar los costos de los servicios financieros que ya rige desde enero.
En dos casos puntuales, por ejemplo, sostuvo el gremio, “se atenta contra un principio básico de la empresa privada, pues obliga a entregar un servicio gratuito incluso a pérdida para quien lo ofrece”. Lo anterior, debido a que en el listado de la resolución de la Junta desaparecen los cargos máximos que la banca podía cobrar por dos servicios: procesamiento de cheques protestados (que costaba USD 8,93) y emisión de estados de cuenta a domicilio.
No es la primera vez que la Junta Reguladora, creada en el 2014, modifica los costos de los servicios bancarios. Desde que este organismo opera ha modificado las tarifas bancarias tres veces.
La primera revisión a estos cargos se realizó el 23 de octubre del 2015, aunque en ese entonces se revisó al alza.
Un segundo incremento se dio por efecto de la Ley de Solidaridad con los afectados por el terremoto del pasado 16 e abril. La norma subió, por un año, el impuesto al valor agregado del 12% al 14% y, con ello, aumentaron los valores que paga el usuario por retiros en cajeros automáticos, transferencias, emisión de cheques, renovación de tarjetas de crédito y otros servicios financieros gravados con este tributo.
La tercera revisión se dio en octubre, también mediante una resolución de la Junta.