El Ministerio de Trabajo realiza, de forma regular, inspecciones en las empresas. Foto: Archivo EL COMERCIO
El Ministerio de Trabajo contará con menos recursos este año. La Asamblea aprobó un presupuesto para la entidad de USD 76 millones, de los cuales el 60% de los recursos se invertirá en cinco programas, entre ellos de generación de empleo.
El total del presupuesto para este Ministerio bajó 73% frente a lo aprobado para el 2018. Mientras que la reducción del monto para inversiones este año es del 81% (ver gráfico).
El año anterior la Cartera de Estado tenía un presupuesto de USD 251 millones para contratar personal para proyectos de inversión. Pero al cierre del año tuvo escasa ejecución, de solo 1,4 millones.
Este año solo contará con 2,2 millones para ese segmento. Otro rubro que baja es el destinado para la erradicación del trabajo infantil.
En cambio, los proyectos para impulsar la generación de trabajo contarán con mayores recursos. Entre ellos está Mi Primer Empleo, que promueve la contratación de pasantes en las empresas.
El Gobierno anunció que, a través de esta medida, busca incorporar en el mundo laboral a más de 29 000 jóvenes entre los 18 y 29 años hasta el 2021.
Además, en este año, se incorporó el programa Empleo joven. El plan busca incentivar la incorporación al mundo laboral de jóvenes de entre 18 y 29 años y sin experiencia.
En el presupuesto del Ministerio de Trabajo, los gastos de personal tienen un incremento del 2,8% para este año, pese a las políticas de reducción de la masa salarial, anunciadas por el Ejecutivo desde el 2017.
Una de las funciones de esta Cartera es garantizar que se cumplan los derechos y obligaciones laborales de trabajadores y empleadores. Para ello, cuenta con inspectores.
Según el distributivo de personal de la institución, hasta diciembre del 2017 se registraron 211 empleados que cumplían con esta función y para diciembre del 2018 fueron 210.
Los inspectores también vigilan el cumplimiento de disposiciones sobre seguridad e higiene en los locales de trabajo, conceder o negar las peticiones de visto bueno y otros.
Según Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de la Política Laboral, el número de inspectores no es suficiente para atender la alta demanda de casos laborales.
Considera que los funcionarios enfrentan una sobrecarga laboral, ya que atienden también casos relacionados con servidores del sector público y desde finales del 2017, debido a la aprobación de una reforma legal, resuelven denuncias de acoso laboral.
A estas tareas se suman las supervisiones que deben realizar por la contratación de extranjeros, que está en constante aumento, precisó Recalde.
En las oficinas del Ministerio de Trabajo de la calle Clemente Ponce, en Quito, las inspectorías ocupan tres pisos. En uno de ellos hay 13 módulos, de los cuales están en funcionamiento siete, pero apenas atendían cinco el pasado martes en horas de la mañana.
Ese día, Margarita llegó a esta área para dar seguimiento a su denuncia por falta de pago de su liquidación. Fue la cuarta ocasión que asiste a esas oficinas desde el 15 de enero y aún no tiene respuesta.
Ella cuidaba a una persona de la tercera edad, pero fue despedida a inicios de este año. Señaló que tiene contrato firmado, pero su empleador nunca se lo entregó.
Manuel, quien fue despedido intempestivamente de una empresa de construcción, en cambio, lleva esperando una respuesta de la Cartera desde noviembre pasado. Fue despedido y no recibe su liquidación.
Este Diario consultó a Trabajo sobre el gasto en inspectores para este año. Informó que está procesando las respuestas.