El defensor del Pueblo, Freddy Carrión (centro), asistió a la audiencia que estaba prevista para este 27 de agosto del 2020. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
La audiencia por la acción de protección que planteó la Defensoría del Pueblo en contra del Ministerio de Finanzas, para exigir el pago de los sueldos atrasados a servidores públicos, tendrá que esperar. La diligencia debía realizarse la mañana de este jueves 27 de agosto del 2020, pero fue suspendida por el juez a cargo, Carlos Fuentes.
La Defensoría informó que el magistrado justificó su decisión en razón de que están en proceso de análisis más de 500 amicus curiae presentados por personas y organizaciones, a escala nacional. Estas iniciativas legales también se enfocan en las remuneraciones impagas en el sector público.
La figura de amicus curiae es un escrito legal que puede presentar cualquier persona o grupo de personas que tenga interés sobre una causa, estipula la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Dicho escrito será admitido al expediente para resolver hasta antes de la sentencia, dice la norma.
Mientras que la acción de protección es el juicio principal, el amicus curiae es el recurso por el cual los interesados pueden intervenir en ese juicio, a pesar de no ser demandantes.
Para el defensor Público, Freddy Carrión, la suspensión de la audiencia es preocupante porque “se siguen vulnerando los derechos de los funcionarios públicos”. “Tenemos más de 500 amicus, eso significa que hay un gran problema que está afectando a cientos y miles de familias”.
La Defensoría presentó la acción de protección el pasado 17 de agosto, solicitando declarar la vulneración del derecho al trabajo con énfasis en el derecho a recibir una remuneración justa y equitativa, en apego a la Constitución.
Además, se solicita medidas de reparación integral, principalmente, el pago inmediato de las remuneraciones y pagos oportunos en lo posterior.
El juez Fuentes resolvió reanudar la audiencia el próximo 1 de septiembre del 2020, en la Unidad Judicial, en el norte de Quito.
Según cifras oficiales, por remuneraciones del mes de julio el Estado ha pagado USD 205 millones y adeuda USD 253 millones. El pasado 26 de agosto, el ministro de Trabajo, Andrés Isch, comentó que posiblemente se transferirán los valores pendientes de julio este 28 de agosto.
Pero no es la única presión que enfrenta el Fisco. El pasado 24 de agosto del 2020, con siete votos a favor, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea resolvió iniciar un proceso de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, “por incumplimiento en la entrega de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales, municipales y parroquiales, conforme lo determina la Ley Amazónica”.
Antes de que el pedido de juicio político sea formalizado, los asambleístas deberán reunir 35 firmas de respaldo de otros legisladores.
Esta es la segunda vez en este mes que esta mesa legislativa plantea iniciar un juicio político en contra del Ministro de Finanzas. El pasado 17 de agosto del 2020, la mesa anunció un proceso por supuesto incumplimiento de funciones del funcionario de Finanzas.
Además, hay otros cinco pedidos de juicio político de distintas bancadas en contra de Martínez, pero todavía no son calificadas por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
De acuerdo a la Ley de la Función Legislativa, en un juicio político se puede absolver al funcionario de lo que se le acuso o se lo puede censurar y destituir de su cargo, tras una votación en el Pleno de la Asamblea.
En un comunicado, emitido el lunes pasado, la mesa legislativa de Biodiversidad señaló que “no hay voluntad del Ministerio para entregar información e indicar las razones por las que no se transfieren los recursos”. La Comisión además indicó que la Cartera de Estado no ha informado sobre la disminución de asignaciones correspondientes a la región amazónica.
La Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica establece porcentajes que deben ser entregados al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico. El Fondo se financia con una asignación equivalente al 4 % del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga en la Amazonía y que se comercialice en los mercados interno y externo. La Ley establece que la asignación no puede ser inferior a dos dólares por cada barril.
El Fisco registra una fuerte caída de ingresos petroleros desde abril pasado, por la disminución de los precios del crudo WTI, que es el referencial para el petróleo ecuatoriano. Entre enero y julio del 2019, la Caja Fiscal recibió USD 1 009,7 millones de ingresos petroleros. En igual período del 2020, en cambio, solo recibió USD 334,3 millones.